A través de un comunicado enfático, la Cámara de la Propiedad Horizontal y administradores de edificios de Córdoba expresaron la gravedad de la realidad que atraviesa la propiedad horizontal. Nos dedicaremos aquí a analizar y comparar, en el tiempo y el espacio, cada una uno de las situaciones denunciadas. 

Ésta semana, la Cámara de la Propiedad Horizontal de nuestra ciudad, difundió un comunicado (ver aquí el contenido) en el que señala como “insostenible” la situación de los edificios de la ciudad. En el mismo, señaló que son los organismos públicos y privados quienes contribuyen con sus exigencias de obras y reformas a tornar “inviable” la continuidad y futuro de los consorcios.

La circunstancia planteada por esta entidad, parece explosiva. Sin embargo, no hubo ninguna situación repentina que desencadenara tal escenario, por lo que se interpreta que la postura que asumen los administradores, es una advertencia a la comunidad acerca de lo peligroso y problemático que les resulta trabajar ante tanta presión.

Así es que dedicaremos este espacio a analizar y comparar, en el tiempo y el espacio, cada una uno de los acontecimientos que según el comunicado actúan como agravantes de la situación de los consorcistas.

 

Costos salariales

Tal como precisa el anuncio, los rubros aquí contenidos conforman el 90 o 95% de los gastos de un edificio. Aquellas comunidades que empleen un encargado, probablemente asuman mayores costos que las que contraten a una empresa de limpieza por pocas horas a la semana. Pero claramente esto tiene solución si hay decisión política del consorcio cambiar la incidencia de este ítem a largo plazo. La seguridad privada incide de igual o mayor manera en los presupuestos de los countries, pero en todos los casos, son los vecinos lo que toman la decisión de vivir en esos lugar y el hecho irrefutables, que los costos de estos servicios, incorporaron aumentos de alrededor del 35% estipulados durante el año pasado y que, conforme (o incluso inferior) al índice inflacionario de 2016, es similar a los acuerdos paritarios del resto de los trabajadores del país. Con esto se busca explicar que en este ítem, que representa entre el 70% y el 90% del total del gasto consorcial, los incrementos apenas si alcanzan las actualizaciones obtenidas en los ingresos de un consorcista promedio.

 

Tarifas de luz y electricidad

Los edificios no están exentos de los aumentos que se vienen dando en el último tiempo.  Tras idas y venidas políticas y judiciales, la factura de gas probablemente se triplique o cuadriplique este invierno, aumentando el metro cúbico desde u$s 0,20 a aproximadamente u$s 0.65. Es cierto que antes había tarifas diferenciadas para los espacios comunes, pero también es cierto que el gobierno del ingeniero Mauricio Macro ha decidido cambiar en casi todos los segmentos de consumo, las reglas de juego, con lo que un club deportivo o social de barrio y un consorcio no serán subsidiados de esa forma por el estado. Y en este caso no se trata de respaldar la política de Cambiemos, solo de dejar en claro un hecho palpable.

Si conviene no perder la noción del contexto y observar que a pesar de los incrementos en las tarifas a partir del cambio de gobierno, Argentina sigue entre los países que menos pagan. Por ejemplo, por 100KWh, una familia en Argentina pagará u$s 15,5, mientras que en Brasil se paga u$s 20,8; en Uruguay u$s 21,3 y en Chile u$s 15.

 

Nuevas reglas para los trabajadores de vigilancia

En una entrevista realizada por otro medio, el administrador Raúl Viqueira, vocal de la Cámara de la Propiedad Horizontal de Edificios de Córdoba denunció que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (sancionada a fines de Marzo) privará a los consorcios de contratar cooperativas. Esta forma de organización, suelen tener precios más económicos, que permiten ahorrar hasta un 60%.

En diálogo con Coterránea, Gastón Massimino, asesor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que lo que intenta la nueva norma es profesionalizar la seguridad privada y evitar la competencia desleal, planteando reglas claras y brindando un marco legal a las empresas que presten este servicio.

Con respecto a las cooperativas, aclaró que -conforme a su naturaleza- sólo pueden ofrecer prestaciones a sus socios y no como lo hacen actualmente y mediante un amparo judicial, prestando servicio a terceros.

La nueva ley, también propone una dinámica donde las fuerzas públicas trabajen en colaboración con la seguridad privada. Dentro del proceso de profesionalización se va a crear un instituto donde los agentes privados obtengan una mayor capacitación mediante el estudio de carreras terciarias. Es probable que este tipo de condiciones incrementen los costos del servicios, pero también vale preguntarse qué poder tiene hoy una cooperativa de corregir un miembro que no cumple con sus tareas si ninguna cuenta con un reglamento definido de sus tareas como cooperativista. Hablando en criollo como hace una cooperativa para despedir un guardia que se duerme en la garita. Y en tal caso que le espera al sistema si un empresario que cumple con los requisitos debe competir con otra empresa con un amparo judicial en la mano.

 

Habilitaciones y cortes de gas

Un factor verdaderamente problemático son las inspecciones municipales y Ecogas, y sus exigencias catalogadas por los administradores como “imposibles de cumplir”. Sin embargo, no es nada que no haya ocurrido en los últimos años. Para que un edificio logre la habilitación correspondiente por parte de Bomberos, deberá cumplir los requerimientos precisados por la Ley Nacional 19.587, como tener en regla una luz por hall y una por escalera; contar con señalización, cartelería fotolumínica, cintas antideslizantes en todas las escaleras; matafuegos actualizados; alarmas para detección automática de incendios; detectores de humo en cada piso, entre otros.

Luego del accidente en Rosario, la mayoría de los edificios está compelida a efectuar obras onerosas y los consorcistas a gastar en promedio 25.000 pesos en la readecuación. Este medio ha seguido de cerca el proceso inclusive criticando a Ecogas por ocultar, en su celo, la falta de inversión propia en la provisión del servicio. Ahora bien, podría compararse esta situación a alguna otra similar: cualquier persona que no se quiera suicidar en un auto debe cambiar las cubiertas y hacerle el mantenimiento necesario por la misma cifra cada 3 años cuando mucho; o sea va a gastar a precios de hoy 25.000 pesos. Suena poco coherente pretender mantener un sistema de conexión y ventilación de gas en edificios que tienen en promedio 25 años, sin reinversión.

Y si el lector ha participado de las reuniones de consorcios donde el tema se ha tratado, comprobará que más allá de las normales molestias que da gastar en cualquier adecuación, los vecinos terminan entendiendo el valor añadido de seguridad que esto implica.

Desde la Cámara indican que hasta el momento no ha sido posible acordar plazos viables para cumplir con la readecuación a la norma, lo que genera la aplicación de multas o cortes de servicios indispensables para el funcionamiento del edificio, y es cierto. Pero desde aquí, no se observa respaldo social y político de la Cámara para negociar con firmeza condiciones más razonables, y desde el municipio no se entiende el asunto más que como un ítem de multa devenido del incumplimiento de una inspección establecida por Bomberos que los excede.

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