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Comienza el debate en la Justicia

La Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias -CAPHAI- presentó un amparo colectivo ante la justicia de la Ciudad de Buenos Aires por la Ley 5983. Matías Ruiz enumera los principales puntos cuestionados.

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La Propiedad Horizontal otra vez en la Justicia. Amparo Colectivo por la Ley 5983.

La Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias -CAPHAI- presentó un amparo colectivo ante la justicia de la Ciudad de Buenos Aires por la Ley 5983 que modifica la Ley 941, que ya cuenta con un largo historial de modificaciones, un artículo modificado por ser inconstitucional y una reforma que no duró más de 6 meses (conocida como el Consejo de la Propiedad Horizontal en manos del sindicato).

Los principales puntos cuestionados son:

1. La obligatoriedad del administrador en dar el alta al consorcio y mantener actualizada la plataforma oficial Consorcio Participativo

La demanda se centra en dos ejes:

a) El GCBA no tiene potestad para obligar al consorcio a utilizar una plataforma de esas características y en tanto el administrador actúa como órgano del consorcio la obligación en su cabeza es antijurídica.

b) El Consorcio, nuestro mandante, tiene la potestad de indicarnos no darnos de alta o mantener actualizada la información en la plataforma. El administrador, en esos casos y siguiendo el texto de la ley quedaría sujeto a la arbitrariedad del Estado y expuesto a infundadas multas

2. La obligatoriedad de la apertura de una cuenta corriente

Ni las empresas comerciales ni los individuos están obligados por ley a ser titulares o manejar sus operaciones por una cuenta bancaria. Obligar a los consorcios es desconocer toda normativa sobre la moneda de curso legal.

Los PH de pocas unidades y bajo presupuesto, muchas veces administrados por un vecino, se verán obligados a manejar los fondos a través de una cuenta bancaria con el tiempo administrativo y los costos que eso requiere. Seguimos alertando sobre la vinculación directa entre las políticas de gobierno y los aumentos de expensas.

Una vez más, todos los actores de la Propiedad Horizontal tienen la posibilidad de presentarse en la justicia para debatir sobre una ley que regula la vida de más de 2.500.000 de personas, más de 70.000 Consorcios y más de 7.000 administradores registrados que se encuentran en actividad.

Y no solo los propietarios y administradores deben preocuparse. Los proveedores de los consorcios y los restantes bancos privados vera?n afectada su libertad de contratación, verán condicionada su actividad y perdida su confidencialidad.

El sistema informático que una empresa utiliza en cada administración es un valor agregado de diferenciación en el mercado. Muchas administraciones han invertido en desarrollar sistemas a medida para brindar a sus clientes un servicio que se adapte a sus necesidades. Otras utilizan sistemas de primer nivel muy superiores a los que podría ofrecer el Estado en un producto gratuito y de utilización compulsiva.

Cambiar de un sistema informático contratado libremente por una plataforma impuesta hará que las administraciones de Consorcios deban invertir recursos significativos para cargar la información en la plataforma y para suplir las eventuales carencias del sistema del gobierno. Esto va a significar un aumento de costos que sera? trasladado a los Consorcios.

Este sistema quebrantara? la forma de trabajo del Consorcio y de las Administraciones exponiéndonos a todas las fallas que hoy presentan los sistemas públicos, a desfasajes financieros por no poder enviar en tiempo y forma la liquidación, a no recibir la información que se precisa por la imposición de un formato único que se conformo? desconociendo la opinión de los expertos.

La defensa de los derechos, la reacción al atropello y el debate es de suma importancia. Invitamos a todos los actores de la Propiedad Horizontal a que se presenten a la justicia a expresarse sobre el sistema monopólico que repercutirá en la vida de cada porteño.

 

Matías Ruiz
Matías Ruiz
Presidente de la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal AIPH. Es licenciado en Administración de Empresas egresado de la UADE en 2012 y también es miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.