Las cooperativas festejan un fallo laboral

Hace unos días, un fallo de segunda instancia dictado por la Sala Séptima de la Excma. Cámara del Trabajo, reabrió la discusión sobre varias aristas relacionadas a la contratación de servicios en los consorcios, los niveles de responsabilidad solidaria y por sobre todo, le pone un freno a la ambición del gremio SuteryH , de sumar a su afiliación cualquier tipo de actividad realizada de tiro de la comunidad.

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Coterranea le pidió al Dr. Andres Díaz Yofre, que comente el fallo obtenido por su estudio, que además, se puede observar en el encabezado.

En un reciente pronunciamiento de la Sala Séptima de la Excma. Cámara del Trabajo, integrado por el señor Vocal de Cámara Dr. Arturo Bornancini, se ratifica una vez más, que la verdad real, como principio rector del proceso laboral, está vigente.

Lo novedoso en el caso, es que el planteo proviene de una entidad sindical (SUTER Y H), quien pretendía, demandando a un Consorcio de Propietarios, quien cita a su vez como tercero al proceso, a una Cooperativa de Trabajo (quien estaba contratada por el Consorcio para actos cooperativos en el mismo), obtener condena a favor respecto a que toda persona que preste un servicios en aquellos, debe estar encuadrado jurídicamente dentro de la ley 12.981(Empleados de Casa de Renta), que es el estatuto aplicable a todas aquellas personas que realicen cualquier tipo de actividad, independientemente de quien sea su empleador, en edificios de Rentas y/o de Propiedad Horizontal. Por ende, la demandada sería deudora de conceptos de los CCT que surgen de dicha normativa.

Entendía, la entidad sindical, que es dable afirmar de manera categórica y contundente que es imposible que existan personas que cumplan sus tareas específicas dentro de un Edificio de Rentas y/o de Propiedad Horizontal, sin estar dentro del ámbito de validez del mencionado Estatuto. Si se le quiere aunar otra razón para tan elemental definición, dijo, se puede advertir que la ley 12.981 es de orden público, conforme expresamente lo dice su artículo 20.

Asimismo, planteó la ilegalidad en el caso, del acto cooperativo que prestaban ciertas personas asociadas a la Cooperativa de Trabajo interviniente en el proceso, indicando inclusive fraude a la ley.

Sin embargo las posturas defensivas del Consorcio y de la Cooperativa de Trabajo, se basaron en contrario, en la legalidad de la existencia de distintos tipos de actividades en la vida actual de los Consorcios, que permiten dentro de la libertad sindical, entender que si existe relación individual de trabajo, la misma pueda encuadrar en otros CCT (UOCRA, SUVICO, SOELSAC, UOM, etc), y no el monopolio pretendido por SUTER y H.
Se acreditó la inscripción y existencia del Consorcio como tal.

Asimismo, se sostuvo que las personas que realizaban actos cooperativos dentro del Consorcio, en el caso vigilancia, era absolutamente válido, legítimo y legal. La Cooperativa de Trabajo, de la cual eran asociados esas personas, demostró todos los extremos necesarios para funcionar como tal, en una copiosa actividad probatoria (pericial contable, documentación esencial requerida por INAES y otros organismos de aplicación). Todo de acuerdo a la Ley Nacional 20.337.

La postura defensiva se basó además, en que la Cooperativa de Trabajo, que está regularmente constituida, es genuina, se encuentra autorizada para funcionar y está debidamente inscripta, ejerce actos legales, y solo no es así cuando se utiliza la figura para desnaturalizar la existencia del vínculo asociativo. Y éste no fue el caso. Es decir, que si una Cooperativa está regularmente constituida y cumple regularmente con las obligaciones a su cargo, mal puede presumirse iure et de iure que su accionar es fraudulento, como pretendía la accionante.

El Tribunal Sentenciante en ese sentido y trabada la litis de esa manera, sostuvo que ¨el mero hecho de no haber acompañado los certificados de deuda, sería razón suficiente para rechazar la demanda, y por lo tanto no cumpliría con las previsiones del artículo 46 LPT, lo que ameritaría el rechazo de la demanda sin necesidad de brindar mayores argumentos. Sin embargo, existen otras razones que avalan esa conclusión, y que surgen del simple hecho de que la actora pretende se condene solidariamente en función del artículo 29 LCT a los propietarios que integran el Consorcio que omitió demandar aduciendo su inexistencia, extremo que ya quedó claro en el sentido de que tal aseveración era total y absolutamente inexacta, y esa “solidaridad” la pretende sin tampoco “traer” a juicio a la Cooperativa de Trabajo con la cual se había celebrado un contrato de locación de servicios para cumplir los servicios de limpieza y vigilancia.

En función de ello, debe señalarse en primer término que la Cooperativa de Trabajo conforme la exhaustiva y pormenorizadas probanzas documentales aportadas al proceso, sumado a la exhibición realizada en las audiencias requeridas a esos efectos y que fuera ratificado por las informativas diligenciadas y el informe pericial contable, denota que se está en presencia de una entidad que cumple acabadamente con las prescripciones de la ley 20.337. Ello así, pues además de contar con las inscripciones y habilitaciones legales correspondientes, cumplimenta el aspecto contable y administrativo, habida cuenta que lleva sus libros en legal forma; pues así se desprende del extensísimo dictamen pericial en el cual la experta accedió a los libros Diario, Actas del Consejo de Administración, de Asambleas, informes del Auditor y del Síndico, Registro de Asociados y en el que constan expresamente las personas identificadas en la demanda como asociados y que han cumplido con todos los requisitos legales para su incorporación a la Cooperativa, y el Inventario y Balance, todos ellos debidamente rubricados por la autoridad de aplicación. Entre un sin número de otra documentación. Por otra parte, es dable destacar que también está aprobado el objetivo del Edificio INTROVA I. Asimismo, se debe puntualizar que la Cooperativa de Trabajo cumple con su objeto social.¨

En base a estas consideraciones ya se pueden obtener dos conclusiones: una que la Cooperativa, aunque se peque de reiterativo, está legalmente constituida y autorizada para funcionar como tal, además que no está incursa en anomalías de naturaleza alguna, llevando sus libros en legal forma. Y la otra, que los asociados, eran verdaderos y auténticos socios cooperativos, que no fueron obligados a revestir ese carácter sino que lo fue por decisión propia tal como surge de la profusa documental arriba relacionada, y explicitada específicamente en la audiencia de exhibición y en el informe pericial contable. Por otra parte, no se verifica en autos la existencia de fraude laboral de ninguna clase. Ello así, pues el fraude conforme lo establecido en el artículo 14 LCT, subsume dos situaciones: la primera que es la denominada simulación ilícita que consiste en la utilización de una figura no laboral para ocultar la verdadera relación que vincula a las partes, y que necesariamente requiere no solo un incumplimiento, sino una conducta directa y exclusiva con la actuación ilícita; y la segunda es la realización de negocios fraudulentos indirectos que tienden a conseguir, con la combinación de diversos medios jurídicos seriamente realizados, el mismo resultado que la ley prohíbe.¨ Lo que no quedó probado.

¨En virtud de todas las razones anteriormente señaladas, cabe concluir que en el caso de autos las personas que cumplían los servicios contratados tenían una relación de evidente naturaleza asociativa que se ubica fuera de un contrato subordinado de trabajo, y captada expresa y específicamente por los presupuestos de la ley 20.337; habida cuenta que en las cooperativas de trabajo como la demandada, surgidas al amparo del mencionado plexo legal, la prestación que efectúan sus socios es una obligación natural y necesaria para asumir y cumplir el carácter de tales, desempeñando sus servicios como un aporte específico e ineludible al fondo común y no en relación subordinada de trabajo, resultando inaplicable por tales razones lo normado por el artículo 27 y concordantes de la LCT.¨

¨En efecto, conforme las razones arriba explicitadas la Cooperativa de Trabajo no es un tercero que contrata trabajadores para proporcionárselos a empresas, sino que se integra con sus asociados, los que en cumplimiento del objeto social de la misma, realizan actos cooperativos.¨

“SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTAS Y HORIZONTAL- SUTERYH c/ RODE S.R.L.- ORDINARIO – APORTES – CONTRIBUCIONES FONDOS SINDICALES – EXPTE. N° 3254814”

Descargue la sentencia a continuación:

SALA 7 CAMARA DEL TRABAJO – SENTENCIA