InicioEspecialistasDiscriminación en los consorcios al pers...

Discriminación en los consorcios al personal sanitario: ¿qué debe hacer el administrador con las denuncias?

-

Diana Sevitz, abogada referente y especialista en Propiedad Horizontal realiza un completo análisis y responde a las siguientes preguntas frecuentes en los consorcios ante el aislamiento: ¿Qué debe hacer el administrador ante una denuncia por discriminación por parte de un vecino del edificio? ¿Qué normativa y precedentes son indispensables conocer? ¿Qué ocurre con la protección de datos personales en el marco de la situación de emergencia sanitaria? 

Publicado en el Dial.com

“A partir del decreto 297/2020 , algunos propietarios, con justa razón, o exacerbando los cuidados sanitarios, para evitar los contagios en los consorcios se han puesto en pie de guerra y ha tomado conocimiento la defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a los sucesivos hechos de hostigamiento, amenazas, discriminación, escraches e insultos de vecinos para con aquellas personas que trabajan en el ámbito sanitario, ya sean médicos, enfermeros, farmacéuticos, etc., cuyos domicilios se encuentran dentro de un edificio sujeto al régimen de la propiedad horizontal.

En atención a ello con el fin de garantizar los derechos constitucionales de las personas que viven en ellos, desde la Defensoría del Pueblo de la C.A.B. A., emitió un comunicado a los fines de informar que, de detectarse algunas de estas conductas, deberán efectuarse las denuncias ante el consignado organismo.”

“Quienes ignoran la ley, aconsejan a la presunta víctima de “esta discriminación” concurrir al INADI para radicar una denuncia contra “el consorcio”. En este punto es muy útil determinar qué bienes protege la ley antidiscriminación y qué considera la ley actos discriminatorios:

Ley N° 23.592. ARTICULO 1°.“Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.” De la lectura de la citada ley queda completamente despejado que los casos expuestos no son considerados “actos discriminatorios” y tiene otra forma de tratamiento y se debe recurrir a la Justicia Civil. “

Citar: elDial.com – DC2C47

Publicado el 08/10/2020

Copyright 2020 – elDial.com – editorial albrematica – Tucumán 1440 (1050) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina

 

Antes del 20.3.20 (inicio del aislamiento sanitario obligatorio)

 

A menudo en la consulta, muchos propietarios se acercan con la misma queja: “en mi consorcio me discriminan.”

Este es un tema que debe tratarse muy delicadamente, no se puede aconsejar sin indagar las verdaderas razones que esgrime la persona que dice “sentirse discriminada.”

Las razones para querer efectuar una denuncia son variadas, por ejemplo: “no me dejan hablar en la reunión de consorcio, el administrador no me escucha, el vecino de arriba hace ruidos molestos, me cobran demás en las liquidaciones de expensas, me quieren echar al perro, destruir el cerramiento de balcón, todo el consorcio está en mi contra.”

Desde una lectura ligera, uno tiende a caer en la trampa de pensar: “cómo se discrimina a este propietario, por cualquiera de las razones que expresé precedentemente.”

Quienes ignoran la ley, aconsejan a la presunta víctima de “esta discriminación” concurrir al INADI para radicar una denuncia contra “el consorcio”.

En este punto es muy útil determinar qué bienes protege la ley antidiscriminación y qué considera la ley actos discriminatorios:

Ley N° 23.592. ARTICULO 1°. – “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.”

A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.

De la lectura de la citada ley queda completamente despejado que los casos expuestos no son considerados “actos discriminatorios” y tiene otra forma de tratamiento y se debe recurrir a la Justicia Civil. –

Ni siquiera para el caso que el propietario invoque que no le permiten hablar o votar en una asamblea. –

Es importante tener presente estos conceptos pues muy a menudo los propietarios amenazan al administrador con este tipo de denuncias y los mismos se sienten totalmente indefensos al no saber qué responder, siendo totalmente inoperante y ocioso poner en funcionamiento todo el aparato que posee el INADI para una denuncia que inexorablemnte será archivada, pero el administrador deberá concurrir, perder tiempo y el consocio dinero en honorarios de un letrado que acompañe al representante legal. –

Un consejo ante este tipo de intimaciones por parte de algún propietario, es estudiar bien las razones que esgrime y contestar solamente que no corresponde por no contemplar las acciones descriptas lo que la ley la ley 23.592 art. 1, establece como actos discriminatorios. –

A continuación, reseñamos algunos casos que he encontrado sobre discriminación en los consorcios

Primer fallo: la Justicia decidió rechazar la demanda de un matrimonio al que no se le quiso alquilar un departamento en Recoleta por ser de origen judío.(1)

La pareja había señado el departamento en el 2001 y todo iba bien hasta que la dueña se enteró de que eran judíos. En ese momento exigió a la inmobiliaria que les devolvieron la seña porque solo alquilaría su propiedad a «a un argentino que sea del barrio, que tome mate». Como si fuera poco, tampoco quería en su propiedad «chinos, coreanos ni homosexuales».

El juez en lo civil Julio César Dávalos consideró que no haberle querido alquilar el departamento no implicaba discriminación por su condición de origen, y no sólo eso, sino que además le exigió al matrimonio pagar 50 mil pesos de costas judiciales.

El juez para su fallo no tomó en cuenta un dictamen del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que el 25 de septiembre de 2002 determinó que Leila Selem y Luciano Hertzriken sufrieron «un acto discriminatorio fundado en sus creencias religiosas y su origen racial».

En aquella oportunidad la Sra. S., en diálogo con el diario Clarín, destacó que apelará el fallo de primera instancia ante la Cámara Civil. Asimismo, consideró «curioso» que Dávalos señalara en el fallo que la propietaria no quiso alquilarles el departamento porque tiene «miedo a lo raro, lo extraño, lo desagradable e incontrolable». Para escribir esto en el dictamen se basó en una pericia psicológica. Por otra parte, en su descargo a la acusada, el juez opuso el argumento que ésta tenía «amigos judíos».

Según el juez, la propietaria tampoco quiso alquilar su departamento porque «el atentado a las Torres Gemelas tal vez le generó un temor especial. Sus miedos surgieron de una circunstancia mundialmente impresionante y peligrosa como fue el atentado a las torres».

Segundo fallo: Es el caso de un joven de 27 años atacado a golpes por el portero del edificio en el que vive llegó a la Justicia siete meses después de ocurrido y se le atribuyó al agresor el delito de lesiones leves. Previamente, había denunciado la situación ante el Inadi y concurrió a la Dirección de Diversidad. (2)

Tercer fallo: “…Corresponde rechazar la demanda por indemnización de daños y perjuicios derivados de las manifestaciones que la actora entendió discriminatorias concretadas en el marco de una asamblea consorcial, ya que las expresiones vertidas por las demandadas no tienen entidad suficiente como para generar daño en el honor, más allá del malestar que pudo afectar a la actora.”

2.-Algunos términos lingüísticos utilizados en los discursos sociales, lo único que pone de manifiesto, es por un lado la ignorancia de quien lo formula y por el otro que aún no se ha normalizado social ni laboralmente a las personas con discapacidad, ya que se siguen viendo -justamente por esa ignorancia- como personas dependientes, como necesitados de ayuda, como niños , que precisan ser tutorizados y no como adultos y ni como personas responsables social y laboralmente (del voto de la Dra. Castro). (3)

 

Situación durante el aislamiento sanitario obligatorio

Un día nos despertamos y nos dimos cuenta que no podíamos salir más allá de los límites de nuestra unidad funcional, el solo hecho de salir al pasillo común, tomar el ascensor o quedarse a conversar con la vecina o el encargado, se había transformado en acto delictual. Ni que hablar de utilizar los famosos “amenities”, piscina, sum y gimnasio, que quedaron cerrados con un cartel de “no pasar”, “prohibida su entrada”.

Todo ello como consecuencia de la pandemia mundial, generada por el Covid 19, y con ello toda la vida consorcial, en especial, se ha visto revolucionada, por decretos de necesidad y urgencia que limitan algunos de nuestros derechos, como el de circular por algunos lugares comunes del edificio, hoy no somos libres de hacerlo. –

Hemos notado que a partir del decreto 297/2020 , algunos propietarios, con justa razón, o exacerbando los cuidados sanitarios, para evitar los contagios en los consorcios, se han puesto “en pie de guerra” y ha tomado conocimiento la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a los sucesivos hechos de hostigamiento, amenazas, discriminación, escraches e insultos de vecinos para con aquellas personas que trabajan en el ámbito sanitario, ya sean médicos, enfermeros, farmacéuticos, etc., cuyos domicilios se encuentran dentro de un edificio sujeto al régimen de la propiedad horizontal. En atención a ello con el fin de garantizar los derechos constitucionales de las personas que viven en ellos, desde la Defensoría del Pueblo de la C.A.B.A., se emitió un comunicado, a los fines de informar que, de detectarse algunas de estas conductas, deberán efectuarse las denuncias ante el consignado organismo. – (4)

También en las últimas semanas se han detectado muchos contagios en los edificios, obligando a los administradores de consorcios a aplicar un estricto protocolo de seguridad (Ver Protocolo de seguridad ante un caso de COVID 19 en el edificio – Citar: elDial.com – AABDFF) para evitar mayores contagios. En los consorcios en los que, a criterio de la autoridad sanitaria, los habitantes deban cursar la cuarentena en su unidad funcional, los mismos se encuentran protegidos por lo normado por la ley 25.326 (protección de datos) y en ese sentido los administradores, aunque los propietarios lo soliciten, se hallan en la imposibilidad de suministrar ningún dato de los contagiados (art 2, 5 y 7 de la referida ley). Aplicando esta ley, se garantiza cualquier situación beligerante contra la persona contagiada.

(*) Abogada/mediadora. dsevitz@estudiodianasevitz.com.ar

 

(2) https://www.lmneuquen.com/este-caso-podria-ser-un-gran-precedente-discriminacion-lgbt-n647772

 

(3) “R. J. H. c/ D. M. D. y otro s/ daños y perjuicios” – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – 7/04/ 2016 – Cita: MJ-JU-M-99375-AR | MJJ99375

(4) https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-argentina-vecinos-escrachan-amenazan-profesionales-salud-nid2350006

 

Citar: elDial.com – DC2C47

Publicado el 08/10/2020

Copyright 2020 – elDial.com – editorial albrematica – Tucumán 1440 (1050) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina