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Edad jubilatoria: intimación del empleador y fin de la relación laboral

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Soledad Ortíz de Zárate, especialista en Derecho Laboral en Propiedad Horizontal comparte un completo análisis jurídico: la finalización del vinculo laboral por jubilación del trabajador. Es decir, los requisitos y recaudos que hay que tomar sin la necesidad que el empleador tenga que pagar las indemnizaciones por antigüedad.

La jubilación del trabajador, es uno de los modos de extinción del contrato de trabajo
y está regulado en los arts. 252 y 253 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Si bien ya pasaron algunos años desde la llamada “Reforma Previsional”, Ley 27.426
(29.12.2017) y Decreto 110/18 (08.02.2018) introdujeron cambios en la extinción del
contrato de trabajo por causa de jubilación que aún, generan muchas dudas y consultas
respecto de sus alcances e implementación.

Actualmente, el art 252 LCT dice:
“A partir de que el trabajador cumpla setenta (70) años de edad y reúna los
requisitos necesarios para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU) establecida
en el artículo 17, inciso a) de la ley 24.241 y sus modificaciones, el empleador podrá
intimarlo a que inicie los trámites pertinentes, extendiéndole los certificados de
servicios y demás documentación necesaria a esos fines. A partir de ese momento, el
empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el
beneficio y por un plazo máximo de un (1) año.

Lo dispuesto en el párrafo precedente no afecta el derecho del trabajador de
solicitar el beneficio previsional con anterioridad al cumplimiento de los setenta (70)
años de edad.

Concedido el beneficio o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará
extinguido sin obligación para el empleador del pago de la indemnización por
antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesionales.

La intimación a que se refiere el primer párrafo de este artículo implicará la
notificación del preaviso establecido por la presente ley o disposiciones similares
contenidas en otros estatutos, cuyo plazo se considerará comprendido dentro del
término durante el cual el empleador deberá mantener la relación de trabajo.”

Leída la norma, lo primero que podemos advertir, es que no se ha modificado la
edad jubilatoria, sino que la reforma eleva significativamente la edad que debe tener el
empleado para que el empleador pueda intimarlo a iniciar los trámites jubilatorios.
Asimismo, como la norma no distingue “géneros” se entiende que, el requisito de
alcanzar los 70 años de edad, comprende tanto a hombres como mujeres.
Otro de los mayores cambios, está dado porque el “antiguo” art. 252 LCT disponía
que el empleador podía intimar al trabajador a iniciar los trámites jubilatorios cuando “el
trabajador reuniere los requisitos necesarios para obtener una de las prestaciones de la
Ley 24.241…. (Cualquiera)

Si bien mediante un decreto se habían tratado de “aclarar” los alcances de “las
prestaciones de la Ley 24.241” el mismo resultaba claramente inconstitucional por exceso
reglamentario, ya que modificaba y reducía el alcance de una norma de jerarquía superior
como es el artículo 252 de la LCT y la ley 24.241.

Con la reforma, la cuestión, quedo zanjada ya que el texto actual dice
expresamente, que para que la intimación sea procedente, el trabajador, tiene que poder
acceder a la Prestación Básica Universal (PBU) establecida en el artículo 17, inciso a)
de la ley 24.241 y sus modificaciones” y no a cualquier tipo de prestación.

Ahora bien, los requisitos para acceder a la PBU establecidos por el artículo 19 de
la Ley 24.241 son:
1.- Edad: 65 años el hombre, y 60 años la mujer, aunque ésta puede optar por
continuar su actividad laboral hasta los 65 años.
2.- Tiempo de servicios: 30 años de servicios con aportes computables en uno o
más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad. Respecto de las actividades
que implican riesgo para la salud, se cumplen en condiciones insalubres u ocasionan un
agotamiento prematuro, se establecieron regímenes previsionales diferenciales que
determinan menores requisitos de edad y a veces también de tiempo de servicios para
acceder al beneficio jubilatorio.-

Por tanto, para que la intimación sea eficaz, el trabajador tiene que tener 70 años
cumplidos y 30 años de aportes, para lo cual, el empleador, de manera previa, deberá
corroborar esta información en ANSES o bien, pedir al trabajador una “lista sábana” ya que, no se reúnen los requisitos para acceder a la PBU, la intimación no será procedente.
Respecto a la intimación propiamente dicha, debemos decir que es una facultad
del empleador y no una obligación, por lo que si aquél considera adecuado mantener el
vínculo de trabajo aun cuando el trabajador puede acceder a jubilarse, no existe óbice legal
para que lo haga.

Asimismo, el primer párrafo, dice que una vez que el empleador haya realizado
la intimación, deberá entregar al trabajador los certificados de servicios y demás
documentación necesaria para iniciar el trámite y, a partir de ese momento, el empleador,
tiene que mantener la relación laboral hasta que el trabajador obtenga el beneficio o bien,
por el plazo máximo de 1 año. (las partes, pueden, de común acuerdo, establecer un plazo
mayor).

A fin de computar el plazo de un año, es fundamental que las partes actúen de
buena fe. Lo cierto, es que el año calendario, comienza desde que el trabajador es intimado
o desde que se le entregan los certificados previstos en el artículo 80 de la LCT, según lo
que ocurra último. Es decir, comienza cuando tiene toda la documentación para iniciar
efectivamente los trámites y no antes. Por su parte, si el trabajador tiene algún impedimento (no tiene los certificados, no cumple con los requisitos, se encuentra en uso de alguna licencia o tiene algún impedimento material) para iniciar el trámite pertinente, en pos del principio de buena fe, tiene que comunicarlo de manera fehaciente a su empleador.
Tal como adelantamos, del segundo párrafo del artículo 252 LCT, surge que no se ha
modificado la edad jubilatoria ya que la facultad del empleador de intimar al trabajador
cuando este cumpla 70 años, "no afecta el derecho del trabajador de solicitar el beneficioprevisional con anterioridad al cumplimiento de los setenta (70) años de edad.

Sin embargo, en este caso, existe un vacío legal dentro de la nueva normativa, que
se plantea cuando el trabajador que cumplió 60/65 años se jubila por decisión propia, y aúnno se dan las condiciones para que el empleador lo intime. En este caso, la relación laboral no finalizaría por jubilación del trabajador sin responsabilidad indemnizatoria para el
empleador, ya que la norma sólo prevé esta consecuencia cuando “se intima” al trabajadora
jubilarse, alcanzados los 70 años de edad.

El párrafo tercero, prevé que, si el beneficio es obtenido antes de que se cumpla el
año, el contrato se extinguirá en ese momento sin ninguna indemnización por la extinción
del vínculo. Por el contrario, si el trámite excede el año, al cumplirse dicho plazo se

producirá la extinción del contrato de puro derecho, sin que exista tampoco ninguna
obligación en materia indemnizatoria.

Finalmente, la reforma, agrega una modificación/ aclaración fundamental y es que,
la intimación, implicará la notificación del preaviso” ya que su plazo, se considerará
comprendido dentro del término de un año, durante el cual el empleador, debe mantener la
relación de trabajo
Respecto de este tema, si bien el artículo 252 de la LCT no menciona una forma
específica para hacer la intimación, la forma del acto es necesaria y fundamental para su
prueba, por lo que debe ser fácilmente comprobable. Por ello, debe hacerse por escrito,
por telegrama, carta documento, nota escrita firmada por el trabajador etc. excluyéndose la forma verbal y los medios tecnológicos actuales, como el correo
electrónico. Ello así porque, tal como refiere la norma, esta intimación también implica
notificación del preaviso y por tanto, debe ser coherente y coincidente con el artículo 235 dela LCT  que dice que "La notificación del preaviso deberá probarse por escrito.

Por su parte, el art 253 LCT, que prevé la situación del empleado que jubilado,
vuelve a prestar servicios en relación de dependencia, o bien, continúa prestándolos de
manera ininterrumpida para el mismo empleador y su derecho indemnizatorio frente al
despido.

Originalmente, la norma disponía que en el caso de que un trabajador jubilado
reingresara a las órdenes de un mismo empleador, si bien se reconocía su
antigüedad anterior, en el caso de las indemnizaciones por despido, se consideraría el
tiempo de trabajo desde el reingreso como jubilado, pero no contemplaba, nada decía
respecto del trabajador que continuaba trabajando.

Ello, obligaba a las empresas a dar bajas y altas nuevas a los empleados, solicitar al
trabajador la renuncia, etc.

Ante los conflictos que se suscitaban, la jurisprudencia resolvió la cuestión
mediante el fallo plenario "Couto de Cappa, Irene c/ Areva S.A. s/ Ley 14546" (CNT,
5/06/2009) que establece "Es aplicable lo dispuesto por el artículo 253 último párrafo
LCT al caso de un trabajador que sigue prestando servicios sin interrupción a las
órdenes del mismo empleador". En la Provincia de Buenos Aires, SCBA, mantuvo el
mismo criterio en la causa "Liptak Ghiloni, Enrique c/ Roberto Bottino S.A.C.I.F s/
Indemnización por antigüedad" (5/5/2010), pero la ley, seguía sin contemplar este
supuesto, generando incertidumbre y confusión.

Afortunadamente, con un criterio acorde a la jurisprudencia, la reforma previsional,
incorpora un agregado al artículo 253 de la LCT que dice: "solo se computará como
antigüedad el tiempo de servicios posterior al cese". "También es aplicable lo
dispuesto por el presente artículo al trabajador que sigue prestando servicios sin
interrupción a las órdenes del mismo empleador, luego del goce del beneficio de la
jubilación, considerándose la fecha del acuerdo de la prestación como inicio del
cómputo de la antigüedad posterior al mismo". Esta norma, también es aplicable al
trabajador titular de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, establecida en la Ley N°
27.260.

Ta como se advierte, la nueva ley hecha luz en este asunto, no siendo necesario
darle de baja al trabajador jubilado, sino que se entiende que desde que, la fecha de la
resolución que otorga el beneficio jubilatorio será la fecha a partir de la cual se habrá de
computar la antigüedad para el caso de indemnizaciones.

Es decir, a los fines indemnizatorios, sólo se considerará como
“antigüedad” el tiempo de trabajo posterior a la fecha de otorgamiento del beneficio
jubilatorio.

Finalmente, en beneficio del empleador, el Art. 8 de la ley 27.426, introduce una
exención parcial de contribuciones a su cargo a partir de que el trabajador reúna los
requisitos necesarios para acceder a la PBU. (65 años – hombres y 60 años – mujeres, con
30 años de servicios con aportes en ambos casos) pero que no hayan elegido la opción de
jubilarse.

En este caso, el empleador deberá ingresar los aportes del trabajador y respecto
de las contribuciones patronales, solamente deberá integrar, las destinadas al Régimen
Nacional de Obras Sociales y las cuotas del Régimen de Riesgos del Trabajo.
Sin embargo, esta exención, en ciertos casos puede tener un efecto perjudicial
para el trabajador, ya que dejaría de percibir las asignaciones familiares a las que pudiera
tener derecho (ej. hijo discapacitado) al no haber contribuciones al subsistema de
asignaciones familiares, que es contributivo.

Conclusiones:
. El empleador sólo podrá intimar al trabajador a iniciar su trámite jubilatorio, cuando cumpla
70 años de edad y reúna los requisitos para acceder a la PBU.
. No existe obligación de abonar indemnizaciones una vez concedido el beneficio o vencido
el plazo de un año a contar desde que el empleador intime al trabajador a iniciar los trámites
jubilatorios y entregue las certificaciones correspondientes.

. Si un trabajador titular de un beneficio previsional volviera a prestar servicios en relación de
dependencia o continuara prestándolos, el empleador podrá disponer la extinción del
contrato, abonando la indemnización por antigüedad sólo en razón del tiempo de servicios
posterior al cese.

Dra. Soledad Ortíz de Zárate
Dra. Soledad Ortíz de Zárate
Dra. Soledad Ortiz de Zárate Estudio Jurídico Ortiz de Zárate & Asoc. R&S Administración de Consorcios. Paraná 426, piso 16º, of. "G-H", CABA tel / whatsapp 11-5811-3275 www.estudioortizdezarate.com rysadministracion.com Facebook: Ortiz de Zarate Instagram: estudio_ortiz_de_zarate rysadministracion