InicioRevista CoterraneaContratos e incumplimientos: efectos ju...

Contratos e incumplimientos: efectos jurídicos de la emergencia sanitaria Covid-19 (3ra parte)

-

Llega la tercera entrega del trabajo de Jorge Resqui Pizarro donde continúa su exhaustivo análisis sobre la temática.  En esta oportunidad se aboca a cuestiones del esfuerzo compartido, de la tutela y prevención en los daños en los contratos y la renegociación (en especial el código fondal) 

 

En esta tercera parte nos enfocaremos en la doctrina del esfuerzo compartido, la función y tutela preventiva del daño y la renegociación de los contratos.

VII.- Doctrina del esfuerzo compartido
La doctrina o principio del esfuerzo compartido, en circunstancias como las actuales, no puede ni debe ser concebido como una opción facultativa de las partes, sino como una obligación, resultante de una prolongación de los principios de equidad y de la buena fe. Se trata de un mecanismo previsto y disponible para cumplir con ese deber general (45).
Se entiende, que en pos de valores superiores, ninguna de las partes debería, sin más, invocar alguno de los institutos vistos previamente y resolver el contrato sin antes haber realizado y explorado el protocolo del esfuerzo compartido. Es una instancia de carácter necesario, pero de fracasar, brindará una protección en caso de disputas posteriores.
Por el contrario, de ocurrir que una de las partes se niegue a transitarlo, ello otorgará a la contraparte a mayores argumentos para sostener que la resolución operó debido a la falta de buena fe de la parte que alegó el caso fortuito, pudiendo haber existido alternativas para preservar la continuidad de la relación.

El “esfuerzo compartido”, también denominado por la doctrina “sacrificio compartido” es el resultado de una negociación donde ambas partes contratantes (vendedora-compradora; locadora-locataria; dadora-tomadora; mutuante (acreedora)-mutuaria (deudora); arrendadora-arrendataria; aparcera dadora-aparcera tomadora; etc.), ante una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de la contratación, generada por causas ajenas a ellas o al riesgo que razonablemente pudiera haber sido asumido por la afectada, torna excesivamente gravosa la obligación a cargo de una de ellas y, por qué no, de ambas, según el tipo de contrato de que se trate, resignan parte del beneficio que les corresponde, por eso, básicamente, podría considerarse como una transacción (art. 1641 CCyCN) (46).

El derecho contractual – continuando con esta línea argumentativa – pugna por mantener el tráfico jurídico y salvaguardar los vínculos vigentes, con miras a preservar el bien común, ya que todo contrato se integra y forma parte del universo económico y social al cual pertenecemos. Es una tendencia que pretende evitar la adopción de soluciones drásticas y definitivas (inclusive, unilaterales), tal como la finalización del vínculo ante el caso fortuito, a menos que de este curso de acción específico se eluda justamente un daño mayor para las partes de la relación (47).

En épocas en que las normas buscan – y no siempre lo hallan – preservar la continuidad de la relación contractual de modo equitativo para las partes, circunscribiéndose el ejercicio a, principalmente, mantener equilibrada la ecuación económica, derivado de la emergencia por la que atravesamos, se complejiza aun más el panorama ya que pueden darse otros factores además del económico (por ruptura de la cadena de pagos), tales como la imposibilidad de funcionar o la reducción brusca de la actividad, y la ausencia mínima requerida de previsibilidad y certidumbre.

Por ello es que en estas circunstancias – en palabras de Furman y Zappa – no debe recurrirse a abordajes que prescindan de los hechos y circunstancias particulares de la relación contractual, limitándose a concebir el esfuerzo compartido y el modo equitativo bajo un esquema de división en partes iguales de las prestaciones a ser cumplidas, ya que esa aplicación automática posiblemente conduzca a desacuerdos y a conflictos inconducentes entre las partes. No es ese justamente el espíritu ni la intención del principio del esfuerzo compartido ni tampoco brinda una solución eficaz ni funcional; en el mejor de los casos dilata un desenlace negativo. No existen fórmulas preestablecidas ni matemáticas para definir grados o porcentajes de cumplimiento o de realización de concesiones recíprocas ante el caso fortuito (48).

En las relaciones entre acreedores y deudores, las partes deberán incorporar pautas para comprender la situación de cada una de ellas, el impacto concreto del caso fortuito en la relación y la verdadera posibilidad de cumplir y el alcance, y de ese ejercicio resultará de qué forma podrá preservarse el vínculo contractual de modo equitativo. Y este proceso debe recorrerse con buena fe, debiendo documentar el intercambio, para poder esgrimirse con posterioridad, de ser necesario, que se activaron todos los esfuerzos razonables para preservar la continuidad del contrato (cfr. al art. 1066, CCyCN).

El sentido contrario a la teoría del esfuerzo compartido, puede estar representado por el art. 1203 del CCyCN – atento hemos estudiado en anteriores parágrafos – al establecer que dentro de un contrato de locación, el locatario puede cesar en los pagos mientras se encuentre impedido del uso y goce la cosa en virtud de un caso fortuito o fuerza mayor.
Es temporáneo recurrir nuevamente a Abatti y Rocca (h) cuando resaltan que en los supuestos en que la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por las circunstancias que contempla el art. 1091 CCyCN, ese contratante, obviamente, podrá peticionar la resolución o la adecuación. Sin embargo, “según el contrato y circunstancias de que se trate, eso le será posible o no, porque no es lo mismo en una locación donde el alquiler pactado, por efecto de una descontrolada inflación queda minorado con respecto al precio de mercado y, el locador podrá pedir el reajuste equitativo o accionar por rescisión, que en una compraventa inmobiliaria en dólares (permuta en los términos del art. 765 CCyCN, ya que la moneda foránea es “cosa”), donde, a pesar de una gran devaluación, el precio del mercado inmobiliario en la moneda pactada sigue siendo el mismo, especialmente en los inmuebles en propiedad horizontal de uno o dos ambientes, porque en este supuesto, si el comprador pretendiera una disminución del precio por haberse tornado excesivamente oneroso para él, se enriquecería sin causa, en detrimento del vendedor. Es por ello, que debe merituarse cada caso y situación en particular, para lograr una solución y, en último caso tratar de lograrla apelando al ‘esfuerzo compartido’, si ambas partes están de acuerdo en la pervivencia del contrato” (49).

Esta clase de negociación que tuvo su origen durante la crisis económica del 2002, fue instaurada por la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario 25.561 (06/01/2002) y los decretos posteriormente dictados en consecuencia, 214/02 (reordenamiento del sistema financiero), 762/02 y 1242/02, aplicables exclusivamente a los contratos originariamente pactados en moneda extranjera.

Precisamente, el art. 11 de la ley 25.561, se refiere de modo expreso al “esfuerzo compartido” y el art. 8º del Decreto 214/02 habla de “reajuste equitativo” de las contraprestaciones (50), abriendo las puertas a la acción directa por reajuste ante imprevisión contractual, que no preveía el art. 1198, segundo párrafo, del Código Civil velezano hoy derogado.

Si bien la normativa estaba dedicada al acontecimiento extraordinario de inestabilidad política, institucional, económica, financiera y cambiaria de aquel entonces y orientada a la protección – en mayor extensión – del deudor, nada impide que en ciertas ocasiones sean ambas partes del contrato perjudicadas por el acontecimiento extraordinario e imprevisible, que lo tornan excesivamente oneroso para ellas y las pone en posición de peticionar la resolución total o parcial o la readecuación en los términos y condiciones del art. 1091 CCyCN.

En síntesis -si ambos contratantes optan por conservar el contrato -, podrían utilizar el mecanismo del esfuerzo compartido, resignando cada una de ellas algo en igual o distinta medida, según sea el resultado de la negociación, conforme los parámetros de los arts. 958, 961 y conc. del CCyCN (51).

El principio fue transmutado en doctrina por los autores y jueces que respondieron al thema decidendum: “Se trata de una materia de equidad que debe tener especialmente en cuenta el principio del esfuerzo compartido (por acreedor y deudor). Si bien, quizás, la regla áurea será la partición igualitaria de las consecuencias adversas de la mutación de la ecuación cambiaria, ello de ninguna manera podrá ser automático. Es que las circunstancias del caso podrán determinar la iniquidad de dicha solución…” (52).

“Corresponde revocar por prematura la sentencia que admitió la consignación realizada por el deudor de un mutuo hipotecario constituido en dólares estadounidenses, efectuada a razón de un peso por cada dólar con más el ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia, pues previamente las partes deben debatir la cuestión para arribar a una justa y equitativa composición del conflicto, considerando que el art. 8º del dec. 214/2002 prevé que los jueces deberán arbitrar las medidas tendientes a preservar la continuidad de la relación contractual de modo equitativo” (53).

En algunos de estos fallos se hablaba de “desgracia común” que había cambiado el juego de las partes (54). El fundamento era la aplicación de un criterio que, con base en la equidad, recompusiera el sinalagma contractual en términos de razonabilidad; contemplando la situación de ambas partes de la relación jurídica y procurando mitigar los detrimentos que el cambio de régimen hubiera producido en los contratos (55).

En virtud de la buena fe y de lo que nos han enseñado – y debimos aprender – las incontables crisis económicas de la República es que las partes deberán encontrar una solución donde el perjuicio sea el menor posible para ambas. Caso contrario, los tribunales lo harán por ellas.

En definitiva, la jurisprudencia ha interpretado que hay ciertas circunstancias extraordinarias que al afectar a ambas partes y en forma tan amplia, no se puede solo tener en cuenta los intereses de una o de la otra sino que ambas deben sopesar las consecuencias en vistas de la buena fe y la razonabilidad en la ejecución e interpretación los contratos.

Quizá no sea la solución más perfecta a los entuertos planteados, pero fue la que la jurisprudencia consideró que mejor se adecuaba al caso a la luz del principio de buena fe que debe informar a la celebración, interpretación y ejecución de los contratos (56).
Entre tanto, consideramos al igual que Abatti y Rocca (h) que los ámbitos de aplicación del esfuerzo compartido, pueden ser: (i) Convenio privado: se acuerda privadamente entre ambas partes mediante negociaciones previas, con o sin asesoramiento de peritos tasadores, plasmándose en instrumento privado o público; (ii) Acuerdo en mediación: el pacto, que básicamente es una transacción, dado que las partes se hacen concesiones recíprocas, se formaliza por mediación judicial previa (conf. ley 26.589) y tiene la ventaja que al realizarse ante el mediador, podrá ejecutarse judicialmente sin necesidad de homologación (art. 1642 CCyC) (57) y (iii) Acuerdo transaccional en juicio: cumplido en un proceso judicial, conforme al art. 308 el CPCCN, debe existir controversia judicial previa y el juez, como forma de finalización del proceso, dictará el auto homologatorio del acuerdo transaccional arribado por las partes, el cual, ante el incumplimiento de alguna de ellas, se ejecutará.

En los contratos de locación a los que se arribe a un acuerdo, necesariamente deberá producirse la notificación al fiador del planteo de imprevisión, a efectos de que no quede desobligado, en tanto se modificará un elemento esencial del contrato, cual es el alquiler y por ello deberá contarse con su consentimiento en caso de aumento del monto de los alquileres por un procedimiento no contemplado contractualmente.

En esta línea de acción, las soluciones a plasmar podrían ser la quita o la espera e incluso el pago a mejor fortuna (art. 889 del CCyCN) (58); remisión de deuda (art. 950 del CCyCN) (59) debidamente instrumentada (si el fiador hubiere pagado parte de la deuda antes de la remisión, no podrá repetir el pago contra el acreedor – locador – en virtud del art. 953 del CCyCN) (60) o la renuncia al derecho de cobro de alquileres (art. 944 del CCyCN) (61): el locador podrá renunciar al derecho a cobrar los alquileres que le confiere la ley (arts. 1208 y 1209 del CCyCN) (62) y el contrato locativo. El locatario deudor debe aceptar la renuncia (art. 946 del CCyCN) (63).

VIII.- Función preventiva del daño. Tutela preventiva

De conformidad con el inc. a) del art. 1710 del CCyCN (64), el ordenamiento civil argentino a partir del 01/08/2015 consagra expresamente el deber general de no dañar a otros, que — según lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación — (65) tiene rango constitucional. La transgresión de tal deber, además de habilitar la acción preventiva de los arts. 1711 a 1713 del CCyCN (66), funda la antijuridicidad como presupuesto de la responsabilidad civil en el art. 1717 del CCyCN (67).

El deber de no causar un daño a otro, tiene implicancias jurídicas, sobre todo en el ámbito de la prevención del daño. Es un refuerzo para todas las acciones preventivas porque supone ahora un deber positivo de actuar para prevenir la ocurrencia del daño.
El inc. b) del supra indicado precepto establece el deber genérico de evitar la producción de un daño, o de disminuir sus efectos, si este ya se produjo. Como tal, el deber consagrado en la norma puede hacerse valer erga omnes, es decir, no solo frente a quien causó el daño por medio de alguna acción suya, sino también contra todo aquel que pueda prevenir el perjuicio o evitar que se agrave, siempre que hacerlo se encuentre en su esfera de actuación. Resulta preciso, para clarificar los alcances de la norma, establecer los supuestos en que dicho deber resulta aplicable, como así también quiénes se encuentran obligados a actuar en la prevención.

Por su parte, el deber se completa con la exigencia de no agravar el daño ya producido (inc. c ), que es un supuesto distinto de los anteriormente relatados, pues el sujeto obligado no ha de esperar el reclamo indemnizatorio, ni el dictado de una sentencia para reparar el perjuicio, sino que, estando a su alcance hacerlo, debe evitar que el daño ya causado se agrave. Este último caso también comprende la situación de la propia víctima que, pudiendo hacerlo, no toma las medidas necesarias para disminuir el daño que ella misma sufrió, lo que puede conducir a que la futura indemnización únicamente comprenda el perjuicio originalmente ocasionado, mas no la agravación imputable al propio damnificado (68).

Este deber de evitación del daño incumbe a toda persona “en tanto dependa de ella”, y hace referencia a la adopción de “medidas razonables” para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud, todo ello en función del principio de buena fe (cfr. art. 1717, inc. b, CCyCN) (69).

Por otro costado, el art. 1032 del CCyCN (70), recepciona la tutela preventiva, postulando que “Una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir, o en su solvencia. La suspensión queda sin efecto cuando la otra parte cumple o da seguridades suficientes de que el cumplimiento será realizado.”
A diferencia del artículo anterior – el 1031, que hemos escrutado en oportunidad de revisar la frustración temporaria de la finalidad del contrato a la que se le aplica las reglas de la suspensión del cumplimiento -, el presupuesto fáctico que debe configurarse para que una parte deje de cumplir sus obligaciones es la “grave amenaza” de que la otra parte pueda cumplir las suyas porque ha perdido su aptitud para cumplir.

Lo antedicho tiene una imbricación decidida con el principio de conservación del contrato (art. 1066 del CCyCN), por el que se deberá priorizar el reajuste equitativo de las prestaciones por sobre la resolución del contrato.
Y si bien consideramos que la renegociación de las pautas contractuales fijadas por las partes – sin dejar de lado los principios generales del derecho -, sería el mecanismo más eficiente de solución para que puedan satisfacer sus respectivos intereses, presenta como obstáculos o inconvenientes en la praxis la imposibilidad de obligar a las partes a negociar y la posible generación de simulaciones.

Lo cierto es que al encontramos ante un hecho extraordinario, imprevisible y sobreviniente (la emergencia sanitaria en razón de la pandemia del coronavirus Covid-19), que ha afectado de forma negativa a la gran mayoría de las relaciones contractuales y engloba a la economía nacional en su conjunto, entendemos de importancia la utilización de las herramientas jurídicas otorgadas por la legislación aquí brevemente comentadas, a los fines de ejercer la acción preventiva.

IX.- Renegociación
En los contratos de larga duración (aquellos en los que, o bien se pacta un plazo extenso o superado el plazo contractual, el vínculo perdura, transformándose en un contrato por plazo indeterminado) o en los que no se estipula plazo resolutorio, manteniéndose el vínculo en tanto perdure el interés de ambas partes, emerge el artículo 1011 del CCyCN (71), el que establece el deber de colaboración entre las partes en el ejercicio de sus derechos, mientras que la parte que decida rescindir el contrato, debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe, sin incurrir en el ejercicio abusivo de sus derechos.
Esto no debe tratarse de un formulismo, de una comunicación sin intención real de posibilitar tal renegociación, para que pueda considerársela enunciada de buena fe (cfr. art. 9 del CCyCN). Quien tiene intención de rescindir debe proporcionarle a la contraria, información suficiente para que pueda reformular sus obligaciones de modo tal de posibilitar la máxima reciprocidad de intereses entre los contratantes. Esta posibilidad que la ley regula como requisito de un proceder leal y justo se suma al preaviso exigido para el adecuado ejercicio, no abusivo (cfr. art.10 del CCyCN) de las facultades rescisorias.
No es exagerado ponderar, que la negociación – que hoy se encuentra normada en el CCyC como un principio general del derecho y de aplicación obligatoria a todo tipo y estructura contractual – constituye un medio de prevención para evitar o mitigar el alto grado de conflictividad judicial que en la actual coyuntura se anuncia.

Qué sucede si el desarrollador y/o vendedor de un inmueble a estrenar invocan la situación de emergencia para reclamar una extensión de los plazos de entrega y/o de cumplimiento de la prestación respectiva o un aumento de precio por sobrecostos?. En esta situación inédita por la que atravesamos, en la que la emergencia por la pandemia – vastamente señalada en este trabajo – ha impactado severamente, de no acordar las partes, la labor del juez será fundamental para restablecer el sinalagma contractual en una relación en que ambas partes podrían resultar perjudicadas. Si hay algo de inusual en el caso fortuito a raíz de la pandemia, es que el evento extraordinario no será individual sino colectivo, impactando en todos los procesos productivos y en las más diversas actividades de cada uno de los contratantes.

De esta manera y a raíz de las múltiples relaciones que involucran una determinada prestación o producto final, el proceso judicial en el que se ventile el incumplimiento podrá contar con el elenco de varias partes. Esto es, cada una a la que se le atribuya un incumplimiento citará como tercero a aquella de quien no obtuvo la prestación necesaria para cumplir con la cadena de producción.
De esta forma, será fundamental la buena fe de quien invoca estos institutos, y crucial la intervención activa del juez para buscar salidas y/o soluciones prácticas a los fines de mitigar los daños. En este contexto de crisis la participación del poder jurisdiccional es sumamente relevante para: (i) el sostenimiento de la actividad económica; (ii) para alcanzar el principio de continuación de la empresa y del contrato; y (iii) para evitar procesos falimentarios que impactarán en forma directa e indirecta en otros actores del iter productivo.

A este respecto, también será de suma importancia la actividad jurisdiccional de frente a las situaciones de insolvencia que podrían derivarse del estado de sobreendeudamiento de consumidores y de empresas. Es razonable, pues, que se patenticen situaciones conflictivas por imposibilidad o retraso en los pagos y en la ejecución de prestaciones.
La incorporación de una obligación de recomponer los términos del contrato ya celebrado a través de la renegociación constituye una significativa modificación en la materia. La renegociación implica modificar una noción de contrato profundamente arraigada en el consentimiento expresado por las partes y aparentemente indiferente por la obtención de la finalidad económica esperada por los contratantes perseguida a través del negocio. Implica una conducta contractual tendiente al encauzamiento de una relación ya establecida, afectada por la modificación de circunstancias sobrevinientes a las cuáles son ajenas las partes (72).

Esta norma parecería que obliga al afectado por la excesiva onerosidad, previo a resolver el contrato, a intentar renegociarlo, aunque el art. 1091 del CCyCN no establezca esta prelación.

También hay que tener en cuenta la vigencia del principio rector de la buena ya mencionado, establecido en el art. 9 del CCyCN, respecto al ejercicio de los derechos, buena fe entendida como lealtad que es, a su vez, fuente de obligaciones contractuales de origen legal y se relaciona con el deber ser esperable en la actuación de las partes en una relación contractual y de la buena fe contractual que presupone que debe ser una conducta continua entre los contratantes que comienza desde las tratativas contractuales (cfr. art. 991 del CCyCN) (73), prosigue en la celebración del acuerdo (art. 961 del CCyCN) y en su interpretación (art. 1061 del CCyCN) (74), con el aditamento introducido por el código único, que obliga a las partes con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor (arg. art. 961, última parte, del CCyCN).

Es importante, aquí también, no soslayar el previamente mentado principio de conservación del contrato (art. 1066 del CCyCN) y cuando se presenten dudas, se irá al significado de las palabras (art. 1063 CCyCN) (75) y al contexto en el que se desarrolla la redacción de las cláusulas teniendo en mira su conjunto sistémico (art. 1064 del CCyCN) (76) y cuando todo ello no es suficiente, se deberán considerar las circunstancias en que fuera celebrado el acuerdo, incluyendo las negociaciones preliminares, conducta de los contratantes, incluso la posterior a su celebración y la naturaleza y finalidad del convenio (arg. art. 1066 del CCyCN). Es más, cuando existan expresiones oscuras que generen dudas, si el contrato es a título gratuito, se interpretará en el sentido menos gravoso para el obligado y si lo es a título oneroso, en el sentido que produzca un ajuste equitativo de los intereses de las partes (art. 1068 del CCyCN) (77).

En consecuencia, será preciso analizar cada caso en especial, teniendo en cuenta sus particularidades y las reglas interpretativas arriba invocadas.

_________________________
(45) In re “Guimil, Inés c/ Riesgo”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala M, 31/08/2004, en cuanto establece que “…Debe ponerse de resalto que la pretensión distributiva del esfuerzo compartido fluye de normas de equidad”.
(46) Artículo 1641, CCyCN – Concepto. La transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio, o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas.
(47) Furman, Adrian & Zappa, Francisco, “El ejercicio del esfuerzo compartido como deber de buena fe contractual en tiempos de Covid-19”, Abogados.com.ar, 29/04/2020.
(48) Ídem nota anterior.
(49) Abatti, Enrique y Rocca, Ival (h), “Renegociación de contratos por imprevisión”, Abacacía, Bs. As., 2019, ps. 80/81.
(50) Artículo 8° del decreto 214/2002 dispone: “… Si por aplicación de esta disposición, el valor resultante de la cosa, bien o prestación, fuere superior o inferior al del momento de pago, cualquiera de las partes podrá solicitar un reajuste equitativo del precio. En el caso de obligaciones de tracto sucesivo o de cumplimiento diferido este reajuste podrá ser solicitado anualmente, excepto que la duración del contrato fuere menor o cuando la diferencia de los valores resultare notoriamente desproporcionada. De no mediar acuerdo a este respecto, la justicia decidirá sobre el particular. … Los jueces llamados a entender en los conflictos que pudieran suscitarse por tales motivos, deberán arbitrar medidas tendientes a preservar la continuidad de la relación contractual de modo equitativo para las partes”.
(51) Artículo 958, CCyCN – Libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres.
Artículo 961, CCyCN – Buena fe. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor.
(52) Peyrano, Jorge W., “La pretensión distributiva del esfuerzo compartido. Análisis provisorio de aspectos procesales de la pesificación”, J.A. 2002-I fascículo 8 pag.3 – Buenos Aires, febrero 20 de 2002.
(53) Autos «Construcciones González Fischer S.A. v. Pérez, Gabriel A.», Cám. Civ. y Com. San Martín, Sala II, 21/11/2002.
(54) “Arrúa, Mercedes c/ Ruiz, María P.”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E, 22/05/2003.
(55) “Calen S.A. c. Aguilar, Raúl Ernesto y otro”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G, 09/03/2007.
(56) En la causa “Aiani, María J. c/ Kovacs o Kovacs y Bors, Alejandro R”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, 23/06/2003.
(57) Artículo 1642, CCyCN – Caracteres y efectos. La transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial. Es de interpretación restrictiva.
(58) Artículo 889, CCyCN – Principio. Las partes pueden acordar que el deudor pague cuando pueda, o mejore de fortuna; en este supuesto, se aplican las reglas de las obligaciones a plazo indeterminado.
(59) Artículo 950, CCyCN – Remisión. Se considera remitida la deuda, excepto prueba en contrario, cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el documento original en que consta la deuda. Si el documento es un instrumento protocolizado y su testimonio o copia se halla en poder del deudor sin anotación del pago o remisión, y tampoco consta el pago o la remisión en el documento original, el deudor debe probar que el acreedor le entregó el testimonio de la copia como remisión de la deuda.
(60) Artículo 953, CCyCN – Pago parcial del fiador. El fiador que pagó una parte de la deuda antes de la remisión hecha al deudor, no puede repetir el pago contra el acreedor.
(61) Artículo 944, CCyCN – Caracteres. Toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley cuando la renuncia no está prohibida y sólo afecta intereses privados. No se admite la renuncia anticipada de las defensas que puedan hacerse valer en juicio.
(62) Artículo 1208, CCyCN – Pagar el canon convenido. La prestación dineraria a cargo del locatario se integra con el precio de la locación y toda otra prestación de pago periódico asumida convencionalmente por el locatario. Para su cobro se concede vía ejecutiva.
A falta de convención, el pago debe ser hecho por anticipado: si la cosa es mueble, de contado; y si es inmueble, por período mensual.
Artículo 1209, CCyCN – Pagar cargas y contribuciones por la actividad. El locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que dé a la cosa locada.
No tiene a su cargo el pago de las que graven la cosa, excepto pacto en contrario.
(63) Artículo 946, CCyCN – Aceptación. La aceptación de la renuncia por el beneficiario causa la extinción del derecho.
(64) Artículo 1710, CCyCN – Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de:
a) evitar causar un daño no justificado;
b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa;
c) no agravar el daño, si ya se produjo.
(65) CSJN, “Santa Coloma, Luis Federico y otros”, Fallos: 308:1160, 05/08/1986; “Gunther, Fernando Raúl c/ Nación Argentina”, 1986, Fallos: 308:1118; “Peón, Juan D. y otra c/ Centro Médico del Sud S.A.”, 17/03/1998, en LL 1998-D, pg. 596; “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.”, 21/09/2004, en ED, 25/10/2004, pg. 5; entre otros.
(66) Artículo 1711, CCyCN – Acción preventiva. La acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución.
Artículo 1712, CCyCN – Legitimación. Están legitimados para reclamar quienes acreditan un interés razonable en la prevención del daño.
Artículo 1713, CCyCN – Sentencia. La sentencia que admite la acción preventiva debe disponer, a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer, según corresponda; debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad.
(67) Artículo 1717, CCyCN – Antijuridicidad. Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada.
(68) Picasso, Sebastián, Sáenz, Luis R. J., “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, directores Herrera, Marisa; Caramelo, Gustavo; Picasso, Sebastián, T.IV, 1ª. ed., 2015, Infojus, Bs. As., pg. 411.
(69) “El hipermercado demandado que canceló sin fundamento la celebración de un contrato comercial debe responder por los perjuicios derivados de tal proceder, si existió un avanzado estado en las negociaciones que generó en la contraparte una razonable expectativa de contrato, pues ello ocasionó un quebrantamiento al deber de buena fe que debe ser reparado aun cuando la conducta aparezca formalmente ajustada a la ley” (CFed. Resistencia, 12/05/2011, LL Litoral 2011 – octubre -, 1011); entre muchos más similares.
(70) Artículo 1032, CCyCN – Tutela preventiva. Una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir, o en su solvencia. La suspensión queda sin efecto cuando la otra parte cumple o da seguridades suficientes de que el cumplimiento será realizado.
(71) Artículo 1011, CCyCN – Contratos de larga duración. En los contratos de larga duración el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, de modo que se produzcan los efectos queridos por las partes o se satisfaga la necesidad que las indujo a contratar.
Las partes deben ejercitar sus derechos conforme con un deber de colaboración, respetando la reciprocidad de las obligaciones del contrato, considerada en relación a la duración total.
La parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe, sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos.
(72) Abatti, Enrique y Rocca, Ival (h), “Renegociación de contratos por imprevisión”, Abacacía, Bs. As., 2019, pgs. 90-91.
(73) Artículo 991, CCyCN – Deber de buena fe. Durante las tratativas preliminares, y aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente. El incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de resarcir el daño que sufra el afectado por haber confiado, sin su culpa, en la celebración del contrato.
(74) Artículo 1061, CCyCN – Intención común. El contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes y al principio de la buena fe.
(75) Artículo 1063, CCyCN – Significado de las palabras. Las palabras empleadas en el contrato deben entenderse en el sentido que les da el uso general, excepto que tengan un significado específico que surja de la ley, del acuerdo de las partes o de los usos y prácticas del lugar de celebración conforme con los criterios dispuestos para la integración del contrato.
Se aplican iguales reglas a las conductas, signos y expresiones no verbales con los que el consentimiento se manifiesta.
(76) Artículo 1064, CCyCN – Interpretación contextual. Las cláusulas del contrato se interpretan las unas por medio de las otras, y atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto del acto.
(77) Artículo 1068, CCyCN – Expresiones oscuras. Cuando a pesar de las reglas contenidas en los artículos anteriores persisten las dudas, si el contrato es a título gratuito se debe interpretar en el sentido menos gravoso para el obligado y, si es a título oneroso, en el sentido que produzca un ajuste equitativo de los intereses de las partes.

Fragmento adaptado para Coterránea del artículo Contratos e incumplimientos. Efectos jurídicos de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 (pgs. 63 y ss.) del e-book El Coronavirus y su impacto en los contratos inmobiliarios y en la propiedad horizontal Problemáticas frecuentes en materia de propiedad horizontal, alquileres, compraventa e hipotecas que se acentuaron durante la pandemia (autor Resqui Pizarro, Jorge C., 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Albrematica, 2020).