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Contratos e incumplimientos: efectos jurídicos de la emergencia sanitaria por la pandemia (4ta parte)

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En esta cuarta y última entrega, concluiremos con el estudio de los contratos inmobiliarios; construcción; fideicomisos inmobiliarios; los contratos de consumo y las cláusulas abusivas y formularemos un epílogo sobre el contenido total de los institutos tratados en el trabajo.

Haga click aquí para ver la primera parte, aquí la segunda y aquí la tercera.

X.- Contratos inmobiliarios; construcción; fideicomisos inmobiliarios. Contratos de consumo y cláusulas abusivas

Aparece indubitable que por imperio de la normativa de emergencia, la actividad del sector inmobiliario y de la construcción – que venía sufriendo seriamente los vaivenes de la macroeconomía del país – se encuentra seriamente impactada, en sus más diversas y variadas interpretaciones, al no encuadrar en ninguno de los supuestos de excepción contemplados en aquella normativa de emergencia (salvo el caso de la “obra pública” y la “obra privada de infraestructura energética”, con sujeción a lo previsto en la Decisión Administrativa JGM N° 468/2020, y de la “obra privada” en general para determinadas provincias taxativamente listadas en la Decisión Administrativa JGM N° 625/2020 y también con sujeción a lo en ella previsto).

Así, los contratos que entrecruzan las actividades de referencia, deberán analizarse con detenimiento en cada caso en particular, con especial consideración de la naturaleza, el objeto y la finalidad del contrato de que se trate, el rubro o actividad involucrados, la instancia de ejecución en la que se encuentre el vínculo, las conductas previas de las partes, el grado de afectación invocado, las cláusulas particulares del contrato (v.gr., si existieran eventualmente, o no, cláusulas de renuncias a la invocación de situaciones extraordinarias sobrevivientes; etc.), la legislación supletoria aplicable, y fundamentalmente la razonabilidad del planteo, para determinar si el remedio pretendido y/o los alcances con que se pretendiera su aplicación, pudieran resultar procedentes o improcedentes.

A tal fin podremos utilizar el bagaje de elementos que hasta ahora hemos desarrollado. Sin embargo, nos adentraremos en algunos contratos muy significativos para este rincón, que tiene sus peculiaridades.

En el contrato de compraventa inmobiliaria es probable que, ante la suspensión de actividades y consiguiente imposibilidad transitoria de cumplir con las obligaciones de entrega y/o escrituración, el desarrollador y/o vendedor invoquen la situación de emergencia para reclamar una extensión de los plazos de entrega y/o de cumplimiento de la prestación respectiva.

Al mismo tiempo, por su parte, podrán existir planteos de los inversores y/o compradores, en orden a la revisión de los plazos de sus obligaciones de pago, que en cualquier caso deberían guardar relación de proporcionalidad con la eventual extensión que se dispusiera para las obligaciones de entrega de la cosa o de su título. Los créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas, asimismo, se encuentran objetivamente paralizados y los en curso amparados por el DNU 319/2020, al que hemos estudiado por separado y dado ello no nos referiremos en esta ocasión.

Es interesante, quizá, agudizar el ingenio y darle andamiaje a algunas ideas que son soportadas por el ordenamiento jurídico y aprovechan los avances que redunda la tecnología de la información y la comunicación. Como muestra, si quisiéramos suscribir un boleto de compraventa – generalmente el paso intermedio entre la reserva de un inmueble y la posterior escrituración – si no contamos con firma digital es pertinente que utilicemos los llamados instrumentos particulares no firmados los que pueden constar en cualquier soporte (papel, soporte magnético, electrónico; etc.). A modo de ejemplo, un instrumento particular no firmado puede ser un correo electrónico, una hoja impresa no firmada, un plano no firmado, un croquis (lo que los distingue de los instrumentos privados es la firma, sea ológrafa o digital). Y debido a que se han validado los Certificados de Actuación Remota, en virtud de los cuales los escribanos pueden emitir certificados digitales o en formato papel en los que consten declaraciones del escribano relativos a la existencia de documentos, personas o hechos, percibidos sensorialmente en forma remota a través de medios audiovisuales (WhatsApp, Skype, Zoom o cualquier aplicación que permita el contacto remoto de audio y video), mediante este mecanismo, el escribano puede dar fé que vio por la pantalla como se firmaba uno u otro documento. Este proceso, sin embargo, no equivale de ningún modo a la certificación notarial de las firmas, pero sin lugar a dudas podría ser un complemento del procedimiento arriba sugerido. Siempre debemos tener a la vista resguardarnos y darle su valor probatorio a nuestros actos, por lo que es recomendable que los correos electrónicos – por caso – emanen de las dos partes, que evidencien tanto las tratativas precontractuales entre de las partes, como la actividad post-contractual con la ejecución del contrato (transferencias de dinero por medios telemáticos o electrónicos, verificación que las cuentas que se utilizan pertenezcan a las partes signatarias). La ejecución de los términos del acuerdo es una de las señales más claras de que hubo acuerdo y de cuál fue ese convenio. El plexo normativo privado que nos gobierna pone fuerte énfasis en qué para interpretar los contratos, los jueces tendrán en cuenta la intención de las partes al contratar y los fines del contrato. En esa inteligencia, también son importantes las circunstancias que rodean esa contratación.

En los contratos de obra, allende de la regulación general supletoria prevista en la ley (v.gr., arts. 1258, 1267 y 1268 del CCyCN) , que contemplan diferentes escenarios y efectos de imposibilidad sobreviviente de ejecución y de destrucción de las cosas por caso fortuito o fuera mayor), es más habitual que existan disposiciones específicas regulando la cuestión. En este ámbito – el de las obras privadas – es probable que se manifiesten planteos de los contratistas requiriendo extensión de los plazos del cronograma de obra, con eximición de multas o penalidades, ante la obligada suspensión de actividades producto de la excepcionalidad que nos ocupa, e inclusive pretensiones de revisión de precios y costos con idéntico fundamento; todo lo cual en cada caso deberá ser ponderado en función de las específicas previsiones contractuales y de los antes analizados institutos referidos en los distintos parágrafos de este trabajo y los denominados principios generales del derecho, con la razonabilidad propia de las particularidades del caso, y la necesidad de hacer prevalecer la equidad y la razonabilidad ante las pretensiones recíprocas de traslado de los efectos del evento hacia la contraparte (así, por ejemplo, no cualquier impacto razonable en plazos, tendría que importar un necesario traslado de efectos hacia la contraparte en lo relativo el precio).

En otro orden, el contrato de fideicomiso inmobiliario, consideramos que sin hesitación, será también conmovido por la emergencia. El CCyCN en su art. 1666 y ss. (79) ubica al fideicomiso entre los contratos en particular, enunciando sucintamente las obligaciones y derechos medulares que le corresponden a cada uno de los sujetos intervinientes en el contrato. No siendo esta la oportunidad adecuada para el desmenuzamiento de la figura contractual, sus sujetos y características particulares, diremos que este contrato se distingue por la transferencia — o por la obligación de efectuarla — de los bienes que sean objeto de la prestación (bienes fideicomitidos) al fiduciario para que este los administre, de acuerdo a las pautas establecidas por el fiduciante, a favor del beneficiario. Esta transferencia, si bien se considera gratuita, tiene como base el interés en el cumplimiento del encargo al que se obliga el fiduciario.

Es de resaltar que en la última década ha sido cada vez más común que este contrato se encuentra en el mercado inmobiliario – de allí que se ha creado la figura del fideicomiso inmobiliario, cuyo nomen juris es ajeno a la nomenclatura de fuente legal -, donde resulta una herramienta de financiación de proyectos de toda índole.

Si bien, como señalamos, no se encuentra regulado por separado, esta operación de canalización de capitales en proyectos de vivienda posee características particulares que vale la pena destacar.

En este tipo de fideicomiso, por lo general, habrá identidad entre los fiduciantes, los beneficiarios y los fideicomisarios, quienes revisten el carácter de aportantes, así como también serán quienes reciban los beneficios del fideicomiso, sea en forma de unidades construidas o el producto de su venta.

Concomitantemente, los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario. El fiduciario, sin perjuicio de su responsabilidad tiene la obligación de contratar un seguro contra la responsabilidad civil que cubra los daños causados por las cosas objeto del fideicomiso (arg. art. 1685 del CCyCN) (80).

En estas estructuras contractuales puede haber dos tipos de fiduciantes:

a) aquellos originarios, quienes además de incorporar bienes, serán quienes fijen las pautas de actuación al fiduciario; y

b) los fiduciantes posteriores, quienes adhieren al contrato ya otorgado y tienen, en consecuencia, menos injerencia en la dirección del proyecto.

A estos últimos les resultará aplicable, en lo pertinente, la normativa relativa a contratos de consumo prevista en el Libro III, Título III del CCyCN.

Paralelamente a las partes descriptas en el artículo reseñado, suele aparecer la figura del desarrollador, que será la empresa o persona humana que organizará el negocio, que podrá o no revestir el carácter de fiduciario, y quien obtendrá un rédito por su actividad.

En este supuesto particular, a los fines de la resolución de los conflictos que puedan suscitarse durante ejecución del contrato, se deberá interpretar que las partes se han vinculado a través de una verdadera relación contractual asociativa, aun cuando no haya una vinculación societaria en los términos de la ley de sociedades.

Resalta como evidente el carácter bilateral de este contrato, atento a la existencia de obligaciones tanto en cabeza del fiduciante (la de entregar los bienes), como del fiduciario (la de ejercer la propiedad en beneficio del beneficiario y entregar los bienes al finalizar el contrato, conforme al art. 966 CCyCN) (81).

Sabemos que, en principio, las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido (art. 958 del CCCN), y lo que acuerden será obligatorio para ellas (art. del 959 CCCN) (82). Por ende, en ejercicio de estas facultades una de las partes del vínculo podrá asumir el cumplimiento, aun cuando exista caso fortuito o se configure una imposibilidad de cumplimiento.

Empero, cabe preguntarse si en todas las relaciones contractuales son válidas las cláusulas que contemplan que no serán aplicables al contrato las disposiciones que regulan la exoneración del incumpliendo por fuerza mayor o caso fortuito.

El Código unificado, cuando legisla respecto de los contratos, distingue tres categorías de ellos, a saber: (i) los contratos discrecionales o paritarios, que son aquellos en los cuales rige plenamente el principio de la autonomía de la voluntad de las partes; (ii) los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas, en los que el consentimiento debe realizarse por adhesión a las cláusulas que postula el predisponente y (iii) los contratos de consumo.

Resulta claro que las cláusulas que hemos venido estudiando serán válidas en los contratos discrecionales o paritarios e inválidas en los contratos de consumo, que poseen toda una legislación específica y tuitiva de los derechos de los consumidores. Y aquí se inscribe a tenor de la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, el contrato de fideicomiso inmobiliario.

Resta por lo tanto, precisar si dichas cláusulas serían admisibles en los contratos denominados de “adhesión”, los que fueron ubicados por el legislador en una posición intermedia y poseen un régimen de tutela especial incorporado en los arts. 984 a 989 del CCyCN.

En estos contratos el modo en que se forma el consentimiento, a diferencia de los contratos paritarios, deja en evidencia la existencia de un sujeto débil (“adherente”), y de una parte fuerte de la relación contractual (“predisponente” o “estipulante”). En estos casos el “adherente” encuentra limitada su posibilidad de ejercer autónomamente su voluntad y libertad de contratación, en razón de que no puede incorporar ninguna estipulación y solo debe aceptar aquellas que le son impuestas por la contraparte.

El art. 984 del CCyCN define al contrato por adhesión rezando que “… es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere cláusulas generales predispuestas unilateralmente, por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción.”

Por no ser el objeto de este trabajo, dejaremos de lado el análisis del contrato de adhesión en general para centrarnos en los casos en que se incorporen a los mismos cláusulas abusivas. A tal efecto el art. 988 del CCyCN establece que: “En los contratos previstos en esta sección, se deben tener por no escritas: a) las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente; b) las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente, o amplían derechos del predisponente que resultan de normas supletorias; c) las que por su contenido, redacción o presentación, no son razonablemente previsibles”.

En el CCyCN podemos apreciar, de esta forma, que la motivación de la tutela protectoria de la parte más débil se activa con la mera inclusión de una cláusula que, en virtud de las causales dispuestas en el art. 988, pueda ser considerada abusiva, haya mediado adhesión o consentimiento, de manera indistinta, ya que lo que aquí interesa es el análisis del contenido, y no ya de la forma en que fueron incluidas.

A esta altura, es decisivo indicar que se consideran abusivas aquellas cláusulas en las cuales la parte con un poder de contratación dominante se reserva ventajas en detrimento de la parte débil, que conllevan un significativo desequilibrio de los derechos y obligaciones derivados del contrato, de un modo no equitativo, contraviniendo el principio rector de buena fe.

En el derecho comparado, una de las típicas cláusulas abusivas es la que impone al adherente la obligación de cumplir su prestación aunque no la cumpla el predisponente. En la especie, la cláusula predispuesta que priva al adherente de exonerarse de cumplir con sus obligaciones en caso de fuerza mayor o caso fortuito resulta una cláusula abusiva en los términos del inc. b) del art. 988 del CCyCN; y por ello se debe tener por no escrita, en especial cuando el predisponente no puede cumplir con su prestación, ya que le es jurídicamente imposible otorgar al adherente aquello que se obligó a dar, esto es, en un fideicomiso inmobiliario, la unidad funcional o el inmueble objeto de la prestación.

En nuestro derecho vigente, en los contratos de consumo, que se caracterizan por la asimetría de poder entre los contratantes, más acentuado en el caso del consumidor por su minusvalía de conocimiento del mercado, sus reglas, las relaciones jurídicas y sus consecuencias; etc., también la solución le será impuesta, pero gozando de la protección del orden jurídico (arts. 3 y 37 de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 y sus modificatorias y 1094 y 1095 del CCyCN) (83) (84) no siendo legítimas y válidas las renuncias de derecho impuestas.

En todos estos supuestos, operan, coadyuvantemente, los presupuestos legales exigibles para la configuración de la responsabilidad civil si existen relación de causalidad (art. 1726 del CCyCN) (85), una conducta antijurídica (art. 1717 del CCyCN) (86), un factor de atribución (arts. 1721 y 1724 del CCyCN) (87), y un daño concreto (arts. 1716 y 1737 del CCyCN) (88), dando lugar a la reparación del perjuicio, quedando a criterio de la jurisdicción la cuantía del resarcimiento por los menoscabos patrimoniales y/o extrapatrimoniales, debiéndose imprimir al caso el principio de la reparación plena (art. 1740 del CCyCN) (89).

XI.- Epílogo

Vista la variopinta paleta de soluciones a los conflictos contractuales que podrán derivarse de la crisis sanitaria, a modo de conclusión, esbozaremos algunos tips de interés para acertar en el trayecto a elegir.

En primera medida, el diálogo permanente y asertivo entre las partes facilitará el pretenso entendimiento. Estas conversaciones deberán ser, en el momento oportuno, documentadas de manera tal que permitan a los protagonistas ir llevando una agenda de las negociaciones.

Es adecuado, además, diferenciar las obligaciones en mora al tiempo del caso fortuito o la fuerza mayor y otorgarles un tratamiento preferencial en función de las prestaciones que sean. A la par, verificar en el caso de imposibilidad de cumplimiento, las razones objetivas del mismo y su eficacia o no para provocar la resolución del contrato, teniendo en mira la clase de prestaciones comprometidas y si aquella imposibilidad es definitiva o lo será por un lapso de tiempo determinado.

De ser posible, convendría a los fines de la subsistencia del acuerdo, pergeñar espacios razonables de suspensiones parciales – y a veces recíprocas – de prestaciones.

Auscultar con la máxima prudencia y precisión las causas que provocarían la frustración de la finalidad del contrato, sin desmerecer el impacto que el marco extraordinario por el que discurrimos produce en la actividad y en las prestaciones recíprocas.

Analizar profundamente si de manera fundada, alguna de las partes puede esgrimir la imprevisión contractual, ateniéndose a sus especificidades.

Las partes deberán despejar sus dudas – con el correspondiente asesoramiento profesional – y no incurrir en temperamentos apresurados que generen mayor rispidez, realizando propuestas parcamente estudiadas o que denoten despreocupación por el equilibrio contractual y que sean notoriamente desfavorables para la contraparte, atento a que ello, probablemente, tendrá un impacto negativo en las negociaciones.

En tren de buscar la solución acordada, en base a un esfuerzo compartido en los costos y en los riesgos, conviene escudriñar las particularidades de las prestaciones y como podrían acomodarse en escenarios futuros de flexibilización del confinamiento social obligatorio.

El sustrato de las negociaciones tendrá que girar en derredor de los beneficios que implica la continuidad de la convención, su amoldamiento a los nuevos escenarios en pos de la evitación de la ruptura contractual. El paradigma preventivo ronda en la idea de negociación sistemática en el que las partes entienden qué a pesar de ciertas pérdidas, ambas deben ganar (estrategia win-win).

Si en el ámbito contractual, uno de los actores es un consumidor, se tendrá que prever por la otra parte que la legislación atiende su hiposuficiencia y las relaciones ya no son paritarias. Sin perjuicio de ello, no son bienvenidas en ningún supuesto las actitudes que pretendan validar estipulaciones abusivas o limitadoras de derechos o responsabilidades consagrados legalmente. El principio de no dañar al otro (neminem laedere o alterum non laedere) o, en su defecto, de evitar, mitigar o no agravar los daños debe constituirse en un norte para la negociación.

Con esa predisposición, amparadas en los principios de buena fe, lealtad y conservación del contrato, las partes podrán arribar a entendimientos que deberán ser consensuados y redactados puntillosamente, con los alcances tendientes a reflejar con transparencia las voluntades y que aventarán futuras nuevas discrepancias, otorgándole, así, un plus de calidad a la relación contractual.

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(78) Artículo 1258, CCyCN – Riesgos de la contratación. Si los bienes necesarios para la ejecución de la obra o del servicio perecen por fuerza mayor, la pérdida la soporta la parte que debía proveerlos.

Artículo 1267, CCyCN – Imposibilidad de ejecución de la prestación sin culpa. Si la ejecución de una obra o su continuación se hace imposible por causa no imputable a ninguna de las partes, el contrato se extingue. El contratista tiene derecho a obtener una compensación equitativa por la tarea efectuada.

Artículo 1268, CCyCN – Destrucción o deterioro de la obra por caso fortuito antes de la entrega. La destrucción o el deterioro de una parte importante de la obra por caso fortuito antes de haber sido recibida autoriza a cualquiera de las partes a dar por extinguido el contrato, con los siguientes efectos:

a) si el contratista provee los materiales y la obra se realiza en inmueble del comitente, el contratista tiene derecho a su valor y a una compensación equitativa por la tarea efectuada;

b) si la causa de la destrucción o del deterioro importante es la mala calidad o inadecuación de los materiales, no se debe la remuneración pactada aunque el contratista haya advertido oportunamente esa circunstancia al comitente;

c) si el comitente está en mora en la recepción al momento de la destrucción o del deterioro de parte importante de la obra, debe la remuneración pactada.

(79) Artículo 1666, CCyCN – Definición. Hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario.

(80) Artículo 1685, CCyCN – Patrimonio separado. Seguro. Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario.

Sin perjuicio de su responsabilidad, el fiduciario tiene la obligación de contratar un seguro contra la responsabilidad civil que cubra los daños causados por las cosas objeto del fideicomiso. Los riesgos y montos por los que debe contratar el seguro son los que establezca la reglamentación y, en defecto de ésta, los que sean razonables. El fiduciario es responsable en los términos de los artículos 1757 y concordantes cuando no haya contratado seguro o cuando éste resulte irrazonable en la cobertura de riesgos o montos.

(81) Artículo 966, CCyCN – Contratos unilaterales y bilaterales. Los contratos son unilaterales cuando una de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede obligada. Son bilaterales cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra. Las normas de los contratos bilaterales se aplican supletoriamente a los contratos plurilaterales.

(82) Artículo 959, CCyCN – Efecto vinculante. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido sólo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé.

(83) Artículo 3, LDC – Relación de consumo. Integración normativa. Preeminencia.

Relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario.

Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial o las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor.

Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.361 B.O. 7/4/2008).

Artículo 37, LDC – Interpretación. Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas:

a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños;

b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte;

c) Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor.

La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa.

En caso en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario.

(84) Artículo 1094, CCyCN – Interpretación y prelación normativa. Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable.

En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor.

Artículo 1095, CCyCN – Interpretación del contrato de consumo. El contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existen dudas sobre los alcances de su obligación, se adopta la que sea menos gravosa.

(85) Artículo 1726, CCyCN – Relación causal. Son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles.

(86) Artículo 1717, CCyCN – Antijuridicidad. Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada.

(87) Artículo 1721, CCyCN – Factores de atribución. La atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. En ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa.

Artículo 1724, CCyCN – Factores subjetivos. Son factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos.

(88) Artículo 1716, CCyCN – Deber de reparar. La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código.

Artículo 1737, CCyCN – Concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva.

(89) Artículo 1740, CCyCN – Reparación plena. La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia, o de sus partes pertinentes, a costa del responsable.

Fragmento adaptado para Coterránea del artículo Contratos e incumplimientos. Efectos jurídicos de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 (pgs. 63 y ss.) del e-book El Coronavirus y su impacto en los contratos inmobiliarios y en la propiedad horizontal Problemáticas frecuentes en materia de propiedad horizontal, alquileres, compraventa e hipotecas que se acentuaron durante la pandemia (autor Resqui Pizarro, Jorge C., 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Albrematica, 2020).

Jorge Resqui Pizarro
Jorge Resqui Pizarrohttps://www.rprsabogados.com/
Abogado - Procurador (UBA). Miembro del Foro de Abogados de la propiedad horizontal. Autor de numerosas publicaciones en revistas y medios especializados.