Asamblea Judicial

por | 23 Jul, 2018 | Especialistas

El Nuevo  Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia el 1º de Agosto de 2015 ha modificado en materia de propiedad horizontal sustancialmente a la legislación anterior. Que en esta materia no era el Código anterior sino la Ley 13.512 promulgada el 13 de Octubre de 1948.

En la legislación derogada se había instituido la Asamblea Judicial como último recurso para cuando el movimiento natural del Consorcio resultara insuficiente para  tomar decisiones en la Asamblea consorcial. Sea porque no hubiera suficiente concurrencia de propietarios que permitiera tomar resoluciones con las mayorías fijadas en el entonces Reglamento de Copropiedad y Administración, o sea que el Administrador no convocaba a la Asamblea pese a haber sido solicitada en debida forma por los propietarios interesados.

El sistema que implanta el nuevo Código Civil ha pretendido sincerar la alta inasistencia de los propietarios a las Asambleas y el remedio no pasa por acudir al Juez para que supla con su autoridad la falencia del Consorcio, sino por otorgar a los consorcistas que no acudieron a la convocatoria una nueva oportunidad para lograr el rechazo de la propuesta de decisión votada por una cantidad de concurrentes que no alcanzó la doble mayoría absoluta que requiere el art. 2060, primer párrafo, del Código, o en su defecto apoyarla.  De esta manera el ausente pese a que no asistió a la Asamblea, tiene en sus manos inclinar el fiel de la balanza en uno u otro sentido.

Allá por 1991 se elaboró un proyecto de ley reformatorio del sistema de la 13.512, que en su momento fuera consultado con administradores de Consorcios, propietarios de unidades, escribanos, abogados, todos a través de las entidades que los representaban. Las críticas coincidían en que la participación  de los ausentes posterior a la realización de la Asamblea, traería aparejado el incremento de las inasistencias.

Aunque fuese así, es innegable que el nuevo sistema simplifica el ordenamiento administrativo en el Consorcio porque con o sin las mayorías legales, se posibilita la toma de decisiones sin necesidad de recurrir al auxilio judicial. Por otra parte, merecedora o no de críticas, se trata de legislación vigente y sólo corresponde aplicarla, como otras figuras que han sido cuestionadas en la nueva legislación, no sólo las que corresponden a nuestro sector sino del universo del derecho civil.

Pero en el nuevo sistema ha subsistido un supuesto donde la única alternativa es llegar a la Asamblea Judicial. El Art. 2063 del Código establece que “Si el administrador o el consejo de propietarios, omiten convocar a la asamblea, los propietarios que representen el DIEZ POR CIENTO (10%) del total pueden solicitar al Juez la convocatoria de una asamblea judicial” Sustancialmente diferente del sistema anterior, ahora hay una sola posibilidad de llegar a una Asamblea Judicial: cuando el administrador OMITE convocarla, debiendo obligatoriamente hacerlo, agregamos nosotros. Estamos ante el supuesto de una Asamblea General Extraordinaria del Consorcio que un grupo de propietarios, con la cantidad suficiente que exija el Reglamento de Propiedad Horizontal, pida en legal forma al administrador que la convoque  por un tema que quizá afecte los intereses de éste, como podría ser el pedido de su remoción. No obstante la obligatoriedad de convocarla –ya que el pedido fue hecho en forma legal- el administrador no lo hace. Entonces, de acuerdo al art. 2064 inciso a) el grupo de propietarios debe dirigirse seguidamente al Consejo de Propietarios –si en ese Consorcio existe- para que efectúe la convocatoria. Si el Consejo de Propietarios no existe o existiendo también omite convocar, entonces al grupo de propietarios interesados, no le queda otro camino que pedirle al Juez que lo haga.

Como es una obligación legal inatendida por el organismo convocante del Consorcio, la ley requiere un número mínimo de personas para solicitar la asamblea judicial: el DIEZ POR CIENTO del total. No aclara el Código si es el 10% de la cantidad de unidades o el 10% del porcentual dominial o de ambas, pero las primeras interpretaciones gramaticales se inclinan por el primero.

Se abre paso una nueva interpretación doctrinaria que extiende el supuesto legal para cuando el reglamento le marca el tiempo en que debe llamarse a asamblea ordinaria para rendir cuentas y el administrador no lo hace. Naturalmente debiera haber una intimación extrajudicial previa para que se admita el pedido en sede judicial.

Entonces, esa exigua mayoría del diez por ciento para pedir la convocatoria a Asamblea Judicial, sólo funciona en los casos que el administrador no convoca debiendo legalmente hacerlo. No en cualquier otra circunstancia.-

 

Dr. Mario Robledo

Abogado especialista en propiedad horizontal

Presidente honorario de la Cámara de la Propiedad Horizontal

 

 

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