Hace algunos meses, empresarios del sector de sistemas informáticos para la administración de Consorcios de propiedad horizontal crearon una entidad, la Cámara Argentina Sistemas Informáticos Propiedad Horizontal (CASIPH), en una extensa charla con su Secretario General, Lic. Luis Games, nos contó que su principal fin entre otros es: promover la actividad de empresas o instituciones dedicadas al desarrollo de sistemas informáticos y suministro de servicios basados en software para la propiedad horizontal y administración de propiedades, jerarquizar la actividad, brindar un servicio de excelencia de manera conjunta, colaborar con la tarea del administrador potenciando de manera integrada los servicios que prestan de manera individual y maximizar recursos, permitiéndoles contener los altos costos de inversión que la actividad trae aparejada.

La entidad, cuyos estatutos fueron firmados en diciembre y que actualmente se encuentra en proceso de inscripción ante la IGJ, es presidida por el Ing. Gabriel Rollandi, tiene sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la integran las principales empresas del sector, incluyendo entre socios fundadores, activos y adherentes empresas de comunicación, liquidación de sueldos y expensas, plataformas de cobranza y servicios integrales.

Primeros pasos

Entre las primeras acciones que llevó adelante CASIPH, cabe destacar la activa participación en el debate que se está dando en el seno de la sociedad consorcial, sobre la invasión a la privacidad de la plataforma Consorcio Participativo, propuesta por el Gobierno Porteño. En este sentido, CASIPH abrió una mesa de diálogo permanente con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintas entidades del sector. Conjuntamente manifestaron sus preocupaciones respecto del proyecto oficial y alertaron de los riesgos para la comunidad consorcial de que el proyecto avance tal y como fuera despachado el pasado 24 de noviembre.

En tal sentido, le han manifestado al Lic. Facundo Carrillo en numerables ocasiones la vulnerabilidad de derechos de los consorcistas, como ser la protección de base de datos y la privacidad de su información, entre otros; así como también el riesgo que implica para más de 40 empresas del sector que deberían dejar en la calle a unos 400 trabajadores; la falta de trabajo en la propuesta que elevaron, los vicios de la misma y sobre todo el sector olvidado: nuestros abuelos.

En una mesa de diálogo permanente que mucho promete, pero poco avanza, han intercambiado ideas con el G.C.B.A. sin resultados concreto alguno, el uso de falacias por parte de la Secretaría de Atención Ciudadana en el discurso sin sustento documental y con una firme postura del Gobierno de reemplazarlos. Sin embargo, en un país que está orientándose la colaboración público-privado, donde el apoyo de CASIPH a este tipo de iniciativas podría garantizar una adhesión inmediata de al menos un 50% de los edificios de C.A.B.A. no pierden las esperanzas de arribar a un proyecto superador. Mientras tanto, se preguntan ¿Cuál es el verdadero interés del gobierno? ¿Qué buscan con Consorcios Participativos? ¿Por qué tanta cizaña contra el administrador? ¿Por qué una subestimación tan grande del rol del consorcista?

Como un “Caballo de Troya” quiere embestir y entrometerse en la vida privada del consorcio. Lo impone en forma “única y obligatoria” a través de su mandatario, el administrador, a quien quiere utilizar como su brazo auxiliar, para consolidad toda la información del consorcio, el llamado “BIG DATA” y utilizarlo con otro tipo de fines. Disfrazado de buenas intenciones, el Gobierno plantea al administrador como un enemigo de un consorcio incapaz de cuidarse a sí mismo.

Indirectamente, aumentará sus tareas, obligaciones, tiempos de gestión y empeorará la calidad de servicio que puede prestarle a sus administrados, teniendo que reducir considerablemente la cantidad de edificios que administra y consecuentemente aumentar el honorario y costo laboral, que se trasladará a las expensas. Está destruyendo la actividad del administrador de consorcios, lo está exponiendo a una gestión inferior, lo está incitando a que sea atacado por todos los consorcistas.

El proyecto de Ley del Ejecutivo, es un “genérico repleto de ambigüedades”, falta de transparencia, imprecisiones graves, que lo convierte en riesgoso, frente a los derechos individuales de las personas y de los consorcios. Hemos escuchado al Lic. Facundo Carrillo exponer sus ideas con datos erróneos, falaces e inexactos, aludiendo que la información requerida ya está en poder del Gobierno sin digitalizar (lo cual no es cierto). Basando su discurso en un estigmatización del administrador y la falsa idea de que la causa de la no participación del consorcista se remite a la falta de información, busca enfrentar a sectores que deberían aunar esfuerzos en post del crecimiento y la mejora de la calidad de vida consorcial. En numerosos debates que hemos participado, no hemos logrado una sola respuesta, el Lic. Facundo Carrillo ha esquivado todas las preguntas que se le hicieron. Basta con ver las presentaciones televisadas para comprobarlo.

¿Por qué el Big Data?

El común de las personas, desconoce las consecuencias del arrebato de datos privados en sus vidas personales. No hay antecedentes de países que hayan aplicado una “Plataforma Web, Obligatoria y Estatal”, para resolver la problemática de la vida consorcial.

Es inaudito que un Gobierno Democrático, que se autoproclama transparente y participativo, se presente como “facilitador”, cuando en realidad y contrariamente a los mensajes de campaña, se constituye en intervencionista y monopólico, “bajo el exclusivo Poder del Estado”, sometiendo a la propiedad horizontal para controlar datos privados y concentrar recursos financieros del sector.

Detrás de funcionarios amigables, los objetivos son:

Arrebatar información privada de las personas.
Crear un canal de comunicación soslayando al administrador.
Analizar datos, comportamientos y opiniones.
Identificar usos y costumbres de los individuos
Medir capacidad de consumo.
Calificar capacidad económica y contributiva
Agudizar controles fiscales.
Trazar perfiles de consumo y segmentar.
Inducir conductas. Segmentar la publicidad política.
Un claro ejemplo hoy es el Facebook, si configuras tu barrio el GCBA te avisa cuando Larreta o Santilli pasan por ahí y te “invitan un café”… ¿Sabes quién lo paga? Nosotros.

En definitiva “operar un canal directo de comunicación masiva en propiedad horizontal”, que podrá ser utilizado con otros fines; mediante el uso de tecnología de la información, basada en “motores de búsqueda, inteligencia comercial y cruzamiento de bases de datos”. Como referencia, el G.C.B.A. firmó un acuerdo entre la AFIP, AGIP para la transferencia de datos y anunció al Banco Ciudad como su “Socio Estratégico”.

El riesgo que conlleva este tipo de invasión, que incluiría la validación en línea de las facturas de todos los proveedores del consorcio, dejando afuera del sistema a todos los que hacen “changuitas” así como también la capacidad de valorar la gestión del administrador sin posibilidad alguna de réplica, tiene otra finalidad: Controlar TODO, Saber TODO de TODOS, imponer el “miedo”, separar, dividir y “REINAR”

Para clarificar un poco: Imagínese usted si pudiera ver lo que pasa puertas adentro de un consorcio sin pertenecer a él. Bueno, imagínese todo lo que puede saber de los ciudadanos de la CABA si tiene un ojo especializado en cada consorcio, en cada expensa, en cada Asamblea, en cada discusión interna, en cada elección, gasto, arreglo, UN GRAN HERMANO GIGANTE.

¿Gratis?

Recordando el término “gratuidad”, Luis se ríe. Nada es gratis. Lo que no pagamos por un lado, lo pagamos por el otro. Los altos salarios de los funcionarios porteños no son gratis, el sueldo del Lic. Facundo Carrillo, tampoco lo será entonces el desarrollo de ésta plataforma. Se paga con impuestos de los porteños, que no pueden ser destinados a escuelas, a seguridad, a obras públicas. Se estiman 200 millones de pesos. ¿Esta es la prioridad? Las consecuencias directas del mal uso de los fondos públicos ya las conocemos…

Amigo / Enemigo

Consultado sobre el rol del Banco Ciudad, desde CASIPH ampliaban su visión.

Ante un Banco Ciudad, que se postula como el nuevo socio estratégico del G.C.B.A., el nuevo amigo de la comunidad consorcial, se pretende disponer de todos los fondos de los consorcios para la política. ¿De qué forma? Si el Banco Ciudad se financia de manera gratuita con los fondos de los consorcios, podrá prestarlos a tasas más bajas. Hasta acá suena lindo. ¿Entonces porque no lo hizo hasta ahora?

En función del objetivo político que persiga, el Banco Ciudad dispondrá de millones de pesos, con los que podrá comprar bonos del ESTADO, LEBACS, LETES, o simplemente un bono a 100 años ¿Te suena? Si, a todos nos suena. Porque ese es el riesgo, que el Banco Ciudad, (el cual se presenta amistosamente con cuentas gratuitas y prestamos baratos) disponga de millonarias sumas de dinero para invertirlas discrecionalmente financiando las políticas del Jefe de Gobierno porteño o el Estado Nacional.

Un futuro… ¿Prometedor?

En CASIPH, manifestaron que la expectativa a futuro es:

Debatir el proyecto de reforma de la Ley 941, sin condicionamientos y con una agenda abierta, para presentar un proyecto superador y originado del consenso con todos los sectores de la propiedad horizontal.
Eliminar la Obligatoriedad del mismo, garantizando el acceso a plataformas publicas o privadas que garanticen los 3 ejes que se propone el gobierno.
Garantizar el debate en todas las áreas del gobierno. Abrir el mismo y convocar a la reflexión respecto de las causas que motivan la falta de participación de la comunidad consorcial en las decisiones y vida del consorcio.
Profundizar el trabajo conjunto con distintas organizaciones del sector, consensuar posturas y avanzar en la mejora de la calidad de vida de toda la comunidad consorcial.
Garantizar la privacidad de la vida del consorcio. Los datos son privados, son del consorcio.
Respetar la Constitución, el Código Civil y Comercial y Leyes Nacionales que protegen a los ciudadanos de éste tipo de atropellos.

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