Consorcio responsable

por | 4 Jun, 2018 | Especialistas

A la hora de analizar la contratación de un empleado en relación de dependencia (normalmente emparentado con la figura del encargado o alguna de las demás categorías comprendidas en el convenio del sector y de acuerdo a la carga horaria, actividades, etc), la realidad es que el consorcio cae en la misma dinámica que cualquier otra economía doméstica: bajar costos y disminuir riesgos como premisas “lema” de cualquier análisis.

En el marco de este debate, no cae en bolsa rota los históricos resultados de las negociaciones de paritarias en las que, a todas luces, los consorcistas parecen no estar celosamente representados, y el Suterh termina conviniendo porcentajes de ajustes elevados en relación a otros sectores (con lo irónico que esto resulta, ya que en la mayoría de los demás sectores existe un fin de lucro, mientras que el consorcio, como persona jurídica, no lo tiene); bonos no remunerativos, clausulas gatillos, etc.

Frente a lo anterior, se le suma lo inconveniente de una fantasía colectiva respecto a la reducción categórica de costos y riesgos ante la contratación de una empresa de limpieza. Aquí, los administradores deberían estar en condiciones de asesorar a los propietarios para que, al menos, tomen una decisión habiendo contemplado el panorama integral de cada opción. Respecto a “los riesgos” (para utilizar el mismo término del párrafo anterior), abordaremos la cuestión de la responsabilidad solidaria del consorcio frente a la contratación de una empresa de este tipo, con  el afán de darle esas herramientas al administrador.

En lo inherente a lo laboral, el art. 30 de la Ley de Contrato de trabajos reza: “Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social”. Por otra parte, dispone el art. 31 de la misma ley: “Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad  jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, solidariamente responsables, cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria”

En este sentido, hay abundante jurisprudencia desalentadora para el consorcio. Respecto del art. 30, hay básicamente dos interpretaciones. Una de ellas realiza un abordaje literal de la norma, y entendería que la solidaridad es extensible cuando las tareas encomendadas hacen al objeto de la explotación económica. En este caso, el consorcio quedaría excluido ya que, no tiene objeto económico de explotación. Sin embargo, la segunda corriente interpretativa operaría respecto de las labores coadyuvantes y necesarias. Es decir, aquellas imprescindibles para que se puedan cumplir los objetos. En este punto, la letra de muchos jueces se puede resumir en la siguiente cita: “aun cuando no se trate de lo que comúnmente se denomina un establecimiento empresario, la entidad demandada constituye una organización instrumental de medios personales ordenados bajo una dirección para el logro de un fin (conf. art. 6 LCT) que -como es de público y notorio conocimiento- consiste en la administración y conservación de las partes comunes o propiedad común del consorcio. En tal contexto, es evidente que las tareas de limpieza de las partes comunes (hall, palieres, vidrios etc), del edificio están encaminadas a posibilitar el normal desenvolvimiento de la actividad del “establecimiento” y resultan integrativas de los fines del consorcio, es decir, forman parte su actividad normal y específica a la cual está destinada la existencia misma del consorcio, dado que están estrechamente vinculadas con su finalidad de administrar y conservar las partes comunes del edificio” (Sala S.D Nº 96378 del 12/02/09 “Bejas Roberto c/ Toplimp SRL y otros s/ des-pido”).

Respecto a la contratación de una empresa de seguridad, todo indicaría que se corre la misma suerte: “El servicio de seguridad integra lo que requiere el consorcio para su debido funcionamiento y así lo han entendido los consorcistas al requerir su contratación. De este modo, al estar comprendidas las actividades complementarias de la actividad específica en la norma del art. 30 LCT, corresponde la extensión de responsabilidad solicitada”. (CNAT Sala VI Expte Nº 4281/08 Sent. Def. Nº 64.820 del 19/02/2013 “Tolosa, Carlos Alberto c/ Kellensego SRL y otros s/ Despido”).

Lo primero para discutir es si, realmente, se trata de una actividad ineludible; o por el contrario es accesoria y conceptualmente escindible. En este sentido, los gastos y contribuciones del art. 2048 del CCCN, que contribuyen a la definición y objeto de las expensas (y, por ende, del consorcio) enumeran lo “necesario para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble”. Al menos dos (resaltados) de tres términos aquí parecen encastrar a la perfección con las posturas esbozadas.

Respecto a los presupuestos del art. 31 LCT, la subordinación podría ser otro elemento en detrimento de los consorcistas. Más aún cuando entran en juego la habitualidad (tanto la limpieza como la vigilancia suelen prestarse con una periodicidad y frecuencia) y exclusividad (por cuestiones de seguridad, los propietarios suelen poner como consigna de las empresas que siempre sea la misma persona que preste el servicio de uno u otro rubro, dado el acceso a la propiedad, conocimiento de los movimientos cotidianos de los vecinos, etc).

Ahora bien, el último párrafo del art. 30 nos da las pautas de requerimientos que se deben hacer con los contratistas, para oponer las defensas oportunas y prevenir una sentencia desfavorable, a saber:

a) Número del Código Unico de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios

b) La constancia de pago de las remuneraciones

c) Copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social

d) Una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular

e) Una cobertura por riesgos del trabajo.

Además, indica expresamente: “Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios”.

Lo anterior, no sortea al consorcio de ser involucrado en una presunta demanda, ya que los abogados suelen incorporar a todos los legitimados pasivos de la misma (con la cautela propia del idóneo ejercicio de la profesion); pero le permite muñirse de la documental que oponer en el proceso.

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